En democracia, los compromisos políticos suelen nacer de acuerdos, alianzas y cuotas de poder que permiten a los gobiernos alcanzar o conservar la gobernabilidad. El problema surge cuando esos compromisos terminan imponiéndose sobre las verdaderas prioridades de la sociedad. Cuando la política se convierte en un intercambio de posiciones, favores e intereses particulares, el Estado corre el riesgo de olvidar que su principal obligación no es con quienes ayudaron a llegar al poder, sino con todos los ciudadanos que esperan servicios públicos de calidad, seguridad, oportunidades, justicia y bienestar.

El compromiso social, en cambio, no se negocia en función de coyunturas ni responde a cuotas de poder: es una responsabilidad permanente con el presente y el futuro de la nación. Gobernar implica tener la capacidad y la voluntad de honrar la palabra empeñada con el pueblo, incluso cuando ello implique tomar decisiones difíciles o contrarias a intereses particulares. Los gobiernos pasan, pero las necesidades de la sociedad permanecen. Por eso, una democracia verdaderamente responsable debe exigir que los compromisos políticos estén siempre subordinados al compromiso social y al interés general.