Nicaragua. El presidente Daniel Ortega sorprendió el pasado 19 de julio a Nicaragua y al mundo cuando proclamó: “Aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”. Ahora comienza a salir a la luz el mecanismo por el que podría materializar ese anuncio. La Asamblea Nacional, subordinada a la copresidencia de Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha presentado una iniciativa que permitirá ampliar el periodo constitucional, e incluso prorrogarlo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó este 29 de julio un proyecto de reforma de la Constitución que llevaría de cinco a siete años los periodos presidenciales y los haría renovables, con el argumento de asegurar «estabilidad en visión, operatividad y continuidad”.

En la exposición de motivos ante el pleno del Parlamento (subordinado a la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo), Porras justificó: «Nuestro sistema de Estado y Gobierno de ‘Pueblo Presidente’ propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables”.

Ortega, de 80 años, ha estado al frente del poder de forma ininterrumpida desde 2007, pero antes coordinó la junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y cumplió un primer periodo de 1985 a 1990, lo que lo convierte en el político que más tiempo ha pasado en el Ejecutivo en Nicaragua, con 30 años en total.

La nueva iniciativa buscaría revestir de legalidad el reciente anuncio de Ortega, quien prometió en el discurso de aniversario de la revolución sandinista la supresión de las elecciones en Nicaragua.

«Los días en que los partidos respaldados por los yanquis y los somocistas volverían al poder han terminado, nunca más”, proclamó, en una declaración que marcó una nueva escalada en la deriva autoritaria de su Gobierno.

La iniciativa parlamentaria no es más que una oficialización de una medida que ya se ha tomado en el pasado. En enero de 2025, el Parlamento controlado por el Gobierno decidió prorrogar en un año el periodo de Ortega, que debía culminar en 2026, postergando para noviembre de 2027 unas elecciones que ahora están en vilo.

Una Nicaragua a la medida de Ortega

En sus últimos mandatos, el presidente sandinista ha reforzado su posición con decisiones que han ido en menoscabo de la arquitectura democrática del país, particularmente a partir de la violenta represión a las manifestaciones masivas de 2018.

Desde entonces, Ortega eliminó los límites a la reelección, subordinó al Parlamento, el Poder Judicial, el electoral y las fuerzas de seguridad al Poder Ejecutivo, estableció la figura inédita de la “copresidencia”, para gobernar el país con mano de hierro junto a su esposa (y probablemente abrir la puerta a una especie de ‘dictadura familiar hereditaria’, según la oposición), y declaró al país como un Estado “revolucionario y socialista”.

La última puntada la dio antes de las más recientes elecciones (celebradas en 2021), cuando se encargó de encarcelar o desterrar a sus principales adversarios políticos.

A raíz de estas decisiones, el Instituto V-Dem, que rastrea la democracia a nivel mundial, ha declarado a Nicaragua como el país menos democrático de América Latina, incluso peor evaluado que Cuba, un régimen de partido único, o Venezuela, cuyas prácticas represivas son objeto de una investigación en la Corte Penal Internacional, bajo la sospecha de que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Ahora, el Parlamento ha salido en auxilio de Ortega, luego de los cuestionamientos a su anuncio de eliminar los comicios, matizando la iniciativa con un proyecto de reforma constitucional que supuestamente busca hacer “frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables».

«El Gobierno de Nicaragua necesita para este futuro democrático y libre, solidario, complementario cristiano, creativo, próspero, y profundamente humano debe ordenarse de acuerdo con la urgencia y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza contempla», indica la exposición de motivos.

De esta forma, la Asamblea Nacional da un barniz legislativo al anuncio de Ortega, que ha enfrentado cuestionamientos por sus prácticas contra la oposición (muchos de cuyos miembros han sido incluso despojados de su ciudadanía) y por forzar el andamiaje jurídico del país, declarando “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.