EDITORIAL

PUBLICIDAD ESTATAL: GASTO SIN PROPÓSITO

La publicidad estatal debe responder a una finalidad pública legítima: informar, orientar y facilitar a los ciudadanos el conocimiento de servicios, derechos, obligaciones y decisiones de interés general. Sin embargo, cuando la comunicación gubernamental se transforma en una exhibición permanente de realizaciones, protagonismos personales y mensajes de autopromoción, surge una interrogante inevitable sobre la pertinencia del gasto y su verdadero beneficio para la población. La utilización de recursos públicos en campañas sin objetivos verificables, indicadores de impacto o justificación suficiente merece un escrutinio riguroso. El presupuesto del Estado no puede convertirse en un instrumento para financiar prestigios personales ni para sustituir con propaganda los resultados que corresponde demostrar mediante una gestión eficiente.

La transparencia exige conocer no solamente cuánto se invierte en publicidad oficial, sino también quiénes reciben esos recursos, bajo cuáles criterios se contratan los servicios y qué resultados concretos obtiene la ciudadanía. La fiscalización debe extenderse desde la contratación hasta la evaluación de la utilidad pública de cada campaña, sin perjuicio de la libertad de prensa ni de la necesaria comunicación institucional. En un país con importantes necesidades sociales, cada peso destinado a publicidad debe superar una prueba elemental de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad. Gobernar no consiste en convencer permanentemente a la población de que se está trabajando, sino en producir resultados que puedan comprobarse. La publicidad estatal informa cuando sirve al ciudadano; se desnaturaliza cuando pretende servir principalmente a la imagen de quienes administran sus recursos.