San Juan de la Maguana. El debate sobre el proyecto minero Romero no puede reducirse a hablar de una supuesta “minería responsable” ni a exigir a las comunidades que demuestren anticipadamente que el daño ocurrirá con absoluta certeza. La verdadera responsabilidad está en demostrar que cualquier intervención es compatible con la cuenca, el sistema agrícola del Valle de San Juan, los acueductos y el derecho de la población a decidir su futuro. Cuando están en juego el agua, la salud, la agricultura y el sustento de miles de familias, deben prevalecer los principios de prevención y precaución. La carga de demostrar que los riesgos son aceptables, controlables y financieramente cubiertos durante la operación y después del cierre corresponde a quien propone intervenir una cuenca estratégica.

San Juan no es un territorio con agua sobrante. El sistema de Sabaneta se encuentra sometido a una situación de equilibrio estricto, mientras el riego agrícola y el abastecimiento de agua enfrentan demandas crecientes. Por ello, Romero tampoco puede evaluarse como una operación aislada. La propia dimensión del distrito de exploración y sus actividades asociadas obliga a considerar caminos, perforaciones, instalaciones, manejo de aguas, residuos e impactos acumulativos sobre toda la cuenca. Que el proyecto sea subterráneo, utilice procesos sin cianuro o contemple relaves filtrados puede reducir determinados riesgos, pero no significa riesgo cero ni elimina la necesidad de evaluar la infraestructura superficial, las aguas subterráneas, la generación de residuos, el drenaje ácido, el cierre y la vigilancia ambiental a largo plazo.

Un estudio de factibilidad no concede automáticamente el derecho a explotar, ni la referencia a organismos internacionales constituye por sí misma una certificación de seguridad. Tampoco las experiencias de otras operaciones mineras pueden utilizarse como garantía de que Romero sea viable, pues cada proyecto debe evaluarse según su propia geología, ubicación, cuenca y riesgos acumulativos. San Juan tampoco tiene que escoger entre minería o pobreza: existen alternativas de desarrollo basadas en la agricultura, agroindustria, infraestructura hidráulica, crédito, mercados, energía, turismo comunitario, educación y empleos sostenibles. El desarrollo verdadero es aquello que permanece cuando una empresa se marcha: agua, tierras productivas, empleos duraderos, instituciones sólidas y un territorio habitable.

La población de San Juan tiene pleno derecho a exigir ciencia completa, información pública, evaluación independiente, análisis de impactos acumulativos, garantías financieras para el cierre y respeto absoluto a la voluntad popular. Romero no tiene que ser declarado “imposible” para que la sociedad pueda rechazarlo; basta reconocer que intervenir una cuenca estratégica, con minerales sulfurados y bajo presión hídrica, implica riesgos que la ciudadanía tiene derecho a no aceptar. San Juan ha dado una demostración histórica de poder social y democrático al defender su agua y su territorio. San Juan no va a ceder ante ninguna iniciativa que pueda comprometer el futuro de su pueblo, del Suroeste y de toda la República Dominicana. Defender esta cuenca es defender el porvenir del país.