RESIDUOS SÓLIDOS: LA LEY QUE SE POSTERGA
La aprobación de una legislación destinada a regular la gestión integral de los residuos sólidos representó un paso importante hacia la protección ambiental, la responsabilidad empresarial y la modernización de los servicios públicos en la República Dominicana. Sin embargo, la existencia de un marco normativo pierde buena parte de su sentido cuando su aplicación enfrenta retrasos, insuficiencias institucionales y sucesivas postergaciones de obligaciones. La Ley núm. 225-20 y su posterior modificación mediante la Ley núm. 98-25 obligan a examinar si el país está construyendo las condiciones necesarias para una transición ambiental efectiva o si continúa desplazando hacia el futuro decisiones que requieren planificación, inversión y voluntad de cumplimiento. Una legislación ambiental no transforma la realidad por el simple hecho de ser promulgada; su verdadero valor comienza cuando sus disposiciones se convierten en prácticas verificables.
La gestión de residuos sólidos exige responsabilidades compartidas entre el Gobierno central, los ayuntamientos, las empresas y los ciudadanos, acompañadas de infraestructura, educación ambiental, fiscalización y reglas claras para todos los sectores. Las adecuaciones de plazos pueden resultar razonables cuando responden a dificultades objetivas de implementación, pero no deberían convertirse en una práctica recurrente que debilite la eficacia de la norma. El país necesita conocer cuáles obligaciones se encuentran efectivamente vigentes, qué avances se han alcanzado y qué instituciones deben responder por los compromisos pendientes. La protección ambiental no admite una política permanente de aplazamientos. Cuando el cumplimiento de la ley se posterga sin resultados concretos, también se posterga el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano.
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