En un contexto donde la sostenibilidad ambiental es un compromiso inaplazable, resulta imperiosa la necesidad de que el Poder Ejecutivo incluya en sus observaciones a la reciente modificación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, la prohibición expresa de la importación de foam (poliestireno expandido) destinado al embalaje de alimentos y bebidas. Este material, altamente contaminante y no biodegradable, representa una amenaza directa a nuestros ecosistemas, especialmente a fuentes acuíferas, suelos y costas. Países con visión ambiental han dado pasos contundentes en esa dirección, y República Dominicana no puede quedarse atrás ante la urgencia de proteger sus recursos naturales.

Además del grave impacto ecológico, el foam afecta la salud pública y aumenta el costo del manejo de residuos sólidos para los municipios. Su prohibición no solo enviaría un mensaje claro de responsabilidad ambiental desde el Estado, sino que incentivaría alternativas biodegradables, promovería la innovación local y fortalecería el compromiso ciudadano con la conservación. El momento es ahora: la sostenibilidad no puede seguir siendo postergada por intereses comerciales a corto plazo.