Los hechos en Cali fueron calificados por la prensa local como los «peores ataques terroristas» desde 2019, cuando la guerrilla ELN protagonizó un atentado con carro bomba contra la escuela policial General Santander, en el sur de Bogotá, dejando 21 muertos.

Al menos 18 personas murieron y 65 resultaron heridas en total hasta ahora en los sucesos de Cali y Amalfi.

El presidente Gustavo Petro describió lo sucedido como «un día de muerte».

El mismo mandatario y su ministro de defensa responsabilizaron por los hechos en Cali y Amalfi a dos facciones distintas de las disidencias de las extintas Farc.

La explosión en Cali la adjudicaron a integrantes del Estado Mayor Central, la disidencia dirigida por alias Iván Mordisco, mientras que el derribo del helicóptero en Antioquia lo relacionaron con el frente 36 de la disidencia dirigida por alias Calarcá.

 

Alias Calarcá                                                                    Ivan Mordisco

Mordisco y Calarcá solían dirigir una misma estructura armada, autodenominada como Estado Mayor Central, pero esta se escinidió en abril de 2024, y la facción dirigida por Calarcá fue rebautizada como Estado Mayor de Bloques y Frentes.

Ningún grupo armado se ha atribuido la autoría de los ataques.

Desde 2016, diversas disidencias de las Farc emergieron tras el acuerdo de paz entre gobierno y la mayor parte de esta guerrilla.

Desde entonces, las disidencias han sufrido escisiones, generándose un escenario de conflictos simultáneos en los que confluyen varios grupos armados fragmentados.

A principios de este mes, Colombia enterró al candidato presidencial conservador Miguel Uribe, de 39 años, quien en junio fue baleado durante un acto de campaña en Bogotá, la capital.

Los últimos ataques aumentan la presión sobre el gobierno de Petro.

Sus opositores señalan que la postura conciliadora del primer ejecutivo hacia los grupos armados tiene relación con este repunte en la violencia que, aunque no alcanza los niveles de décadas pasadas, genera una preocupación creciente en el país.

¿Qué ocurrió en Cali?

Según la policía, el ataque con explosivos en Cali, una ciudad de 2,2 millones de habitantes, fue realizado con cilindros bomba cargados en un camión.

Las autoridades señalan que tenía como objetivo la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la ciudad.

Testigos en el terreno contaron a la agencia de noticias AFP que escucharon explosiones cerca de la base, que había muchas personas heridas y que varias viviendas resultaron dañadas.

La explosión, que cobró la vida de seis civiles, tuvo lugar cerca de las 15 hora local.

Diversos edificios fueron evacuados y la alcaldía informó de cierres de calles y restricciones en la circulación.

En la misma zona se detectó la presencia de una furgoneta con cilindros bomba en su interior, aunque luego se descartó que estuvieran cargados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó un estado de emergencia en la ciudad.

También anunció una prohibición temporal del ingreso de camiones de gran tamaño y ofreció una recompensa de US$100.000 para quienes colaboren con las autoridades.

Valle del Cauca, departamento que tiene como capital Cali, ha sido blanco frecuente de ataques en los últimos meses.

El pasado 10 junio, se atribuyó al EMC la responsabilidad de una oleada de explosiones y ataques armados que dejaron siete muertos.

Otros 12 atentados ocurrieron en el vecino departamento del Cauca, en los que fallecieron ocho personas.

En esta región del país confluyen varias disidencias de las FARC, facciones herederas del paramilitarismo y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Todos grupos que se disputan el control territorial y mantienen una pugna armada entre ellos y contra el Estado colombiano.

Sobre el derribo del helicóptero

Horas antes de las explosiones en Cali, el general de la policía, Carlos Fernando Triana, calificó como «acción terrorista» el derribo de un helicóptero policial con un dron en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 12 agentes.

Según Triana, estas acciones se produjeron «contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución».

La emisora de radio W reportó que el ataque con drones se produjo mientras la aeronave «se dirigía a apoyar a un grupo de policías que adelantaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos».

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, inicialmente atribuyó el atentado al Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas de Colombia.

Pero posteriormente afirmó que fue obra de la facción escindida del EMC liderada por el comandante Alexander Díaz Mendoza, alias de Calarcá.

De acuerdo con reportes de la prensa local, ciudadanos detuvieron a un hombre desarmado que intentaba huir de la escena de explosiones en Cali.

Más tarde, el presidente Petro compartió en su cuenta de X que se trata de un individuo identificado como alias Sebastián, quien supuestamente pertenece a una de las estructuras de EMC, dirigidas por Iván Jacob Idrobo, alias Marlon.

El mandatario, en conferencia de prensa, dijo que el atentado fue ejecutado por «dos personas, sin armas, pero cargadas de explosivos, que salieron corriendo apenas uno de los camiones se activó, y que la población ayudó a capturar en el barrio contiguo».

La Fiscalía colombiana habla de «dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos» en Cali y que fueron puestos a disposición de esta entidad.

«La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc», dijo la Fiscalía en X.

Esta institución también verifica y analiza las estructuras criminales que operan en la zona donde se derribó el helicóptero.

«A partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc», añadió la Fiscalía en X.

De las extintas Farc quedan múltiples disidencias fragmentadas, surgidas tras rechazar el acuerdo de paz firmado en 2016 con la mayor parte de las Farc tras seis décadas de insurgencia.

Guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y cárteles aún controlan zonas de Colombia, pero el país ha disfrutado de años de relativa calma.

Sin embargo, se ha producido un reciente aumento de la violencia que, según los expertos, demuestra que los grupos armados están recuperando fuerza y capacidad para llevar a cabo ataques coordinados y complejos.

Los colombianos temen un retorno a la violencia de las décadas de 1980 y 1990, cuando eran comunes los ataques de los cárteles, la violencia guerrillera y los asesinatos políticos.

Sin embargo, analistas consultados por BBC Mundo insisten en que, si bien la tendencia es preocupante, la violencia está lejos de ser la de entonces.