La transparencia en la gestión pública no debe ser un ideal lejano, sino una práctica constante y verificable. En República Dominicana, aunque la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) establece claramente el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se administra el Estado, muchos portales oficiales de instituciones públicas siguen sin cumplir con los requerimientos mínimos de publicación. Información desactualizada, enlaces rotos, falta de datos sobre contrataciones, presupuestos y ejecución financiera, son algunas de las deficiencias que vulneran ese derecho fundamental y obstaculizan la fiscalización ciudadana.

Este escenario afecta la confianza pública, limita la participación social y perpetúa la opacidad en la administración de los recursos del Estado. Es urgente que las instituciones se alineen con una visión de gobierno abierto, fortaleciendo sus portales de transparencia como herramienta de control democrático y garantía de rendición de cuentas. Sin acceso real a la información, la lucha contra la corrupción queda coja y la ciudadanía desinformada pierde poder. La transparencia no puede seguir siendo una declaración, debe ser una acción permanente y verificable.