La aprobación en primera lectura por el Senado de la derogatoria de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 —eliminando las candidaturas independientes— constituye un golpe directo a la democracia dominicana. Esta decisión, que contradice abiertamente la sentencia 788-24 del Tribunal Constitucional que ordenaba su regulación e inclusión, fortalece el monopolio de los partidos tradicionales: en 2024, 33 casillas en la boleta presidencial ocultaron solo nueve rostros reales, con el resto siendo meras repeticiones de alianzas. Lejos de simplificar el sistema, atrinchera el poder en un club cerrado y silencia la posibilidad de que ciudadanos sin partido accedan a la contienda electoral.

Este retroceso no puede pasar desapercibido ni consolidarse.

Urge que la Cámara de Diputados rechace el proyecto, que la sociedad civil y los actores independientes presionen con fuerza, y que se respete el fallo constitucional. Permitir esta eliminación no solo erosiona la pluralidad y la confianza en las instituciones, sino que condena al electorado a elegir siempre entre las mismas opciones recicladas. La democracia no se defiende cerrando puertas: se defiende abriéndolas a todas las voces legítimas.