En la República Dominicana, la ejecución de políticas públicas enfrenta desafíos estructurales que solo pueden superarse mediante una planificación rigurosa y el uso sistemático de estadísticas confiables. La improvisación, aunque a veces políticamente conveniente, conduce a decisiones reactivas y de corto alcance. En cambio, una planificación bien fundamentada permite definir metas claras, priorizar recursos y anticipar escenarios, asegurando así una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

Las estadísticas oficiales —cuando son precisas, oportunas y accesibles— se convierten en una herramienta indispensable para sustentar decisiones de política pública. Permiten diagnosticar problemas reales, medir impactos, identificar brechas sociales y geográficas, y rendir cuentas con objetividad. Instituciones como la ONE, el MEPYD y el Banco Central deben seguir fortaleciéndose y articulándose con todos los sectores para garantizar que los datos respalden no solo los discursos, sino también las acciones concretas.

Hoy más que nunca, en un país con crecientes demandas ciudadanas y recursos limitados, gobernar con datos no es un lujo, sino una obligación moral y técnica. Solo con planificación estratégica basada en evidencia podremos avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente, donde cada política pública responda verdaderamente a las necesidades del pueblo dominicano.