¿Qué ocurre actualmente en la República Dominicana con los vehículos de motor?
En los últimos meses de este 2025 hemos sido testigos, como sociedad, de la expansión de una problemática que comenzó a crecer durante la pandemia del 2020. En aquel momento, este fenómeno representó una ventaja necesaria: el auge del transporte en motocicletas permitió sostener gran parte del comercio nacional, garantizando la movilidad de bienes y servicios cuando más lo necesitábamos.
Hablamos, por supuesto, del uso masivo de las motocicletas y del creciente protagonismo de las aplicaciones móviles que impulsan este tipo de economía. Estas plataformas nos facilitaron durante un tiempo la posibilidad de adquirir productos de todo tipo y recibirlos en la puerta de nuestros hogares de manera ágil.
Con el paso del tiempo, y dadas las particularidades del transporte urbano en Santo Domingo, se produjo una fusión interesante: el tradicional motoconcho se adaptó a las nuevas tecnologías, creando un ecosistema económico híbrido. Este modelo, poco a poco, ha ido desplazando en cierta medida al motoconchista clásico de las esquinas, para dar paso a un servicio más digitalizado y dinámico.
El atractivo principal ha sido evidente: la rapidez. La motocicleta permite recortar tiempos de traslado en el caótico tránsito, especialmente dentro del casco urbano del Distrito Nacional. Así, cientos —cuando no miles— de personas han encontrado en este medio una forma efectiva de llegar a sus destinos sin importar la hora ni las condiciones del tráfico.
Este fenómeno también ha generado un impacto social: muchos conductores han encontrado en este oficio una manera relativamente estable de sustento, lo cual representa un alivio frente a los vaivenes de una economía marcada por la inflación y el alza constante de los precios, tanto por factores internos como por dinámicas globales.
Pero, como suele ocurrir, no todo es color de rosa. La masificación de las motocicletas ha traído consigo situaciones preocupantes que afectan tanto a conductores como a usuarios y peatones. Las estadísticas muestran con claridad una problemática de seguridad vial y ciudadana que no es nueva, pero que se ha intensificado en estos años. Y no es solo percepción: basta con revisar las publicaciones diarias en redes sociales para confirmar que esta inquietud es compartida por miles de dominicanos.
Por ello, este análisis se apoya en tres niveles de datos: estadísticas mundiales, cifras en América Latina y estudios nacionales, con el objetivo de dimensionar mejor la magnitud del problema.
¿Qué dicen los números?
Posición de la República Dominicana en Accidentes de Motocicletas a nivel mundial
La OMS ha señalado en múltiples informes que la República Dominicana se posiciona de manera constante entre los primeros lugares en tasas de mortalidad vial.
Cuando se miden los fallecimientos en motociclistas por cada 100,000 habitantes, el país figura habitualmente dentro del top 5 mundial.
América Latina y el Caribe
En la región, la República Dominicana ostenta un récord poco envidiable: ocupa el primer lugar en muertes de tránsito de motociclistas.
La tasa nacional supera las 64 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio regional oscila entre 15 y 20.
Para dimensionar el problema: 7 de cada 10 fallecidos en accidentes de tránsito en el país son motoristas.
Cifras recientes (2025)
Solo entre enero y julio de este año, se han registrado más de 1,800 muertes viales, de las cuales un 72% corresponden a motociclistas.
Esto equivale a un promedio alarmante de 6 motoristas fallecidos por día.
Como podemos observar, la Organización Mundial de la Salud arroja una alerta importante sobre la posición que se encuentra el país en materia de accidentes de tránsito en motocicletas y si nos permitimos ahondar más en el asunto podemos visualizar claramente nuestro posicionamiento en el ranking mundial de los últimos cinco (5) años.
Posiciones de República Dominicana en mortalidad vial (2020–2025)
2020
- Tasa de mortalidad vial: 64 por cada 100,000 habitantes.
- Según la OMS y la OPS, la República Dominicana registró la mayor tasa de América y se ubicó en el puesto #3 a nivel mundial.
2021
- Mortalidad prácticamente igual (63 por cada 100,000 habitantes).
- La OMS llegó a catalogar a nuestro país como “el más peligroso de América para conducir motocicletas”.
- Posición mundial: #2.
2022
- Fallecieron 3,262 personas, de las cuales más del 70% eran motociclistas.
- El informe de OPS/OMS situó a República Dominicana en el primer lugar de América y dentro de los primeros 5 del mundo.
- Posición mundial: #4.
2023
- Se estimaron 3,164 muertes anuales, con un 73% de motoristas.
- La OPS reportó que RD mantuvo el primer lugar de Latinoamérica y el Caribe, permaneciendo entre los 5 países con más muertes viales del mundo.
- Posición mundial: #5.
2024
- Se registraron oficialmente más de 3,000 muertes (según el INTRANT).
- El Observatorio de Seguridad Vial informó que, en promedio, 8 personas fallecieron cada día en accidentes, en su mayoría motociclistas.
- Posición mundial: #2.
2025 (enero–agosto)
- Hasta julio, las autoridades reportan más de 1,800 muertes, de las cuales 72% correspondieron a motoristas.
- La tasa proyectada para todo el año supera nuevamente los 60 fallecimientos por cada 100,000 habitantes.
- OPS/OMS estiman que la República Dominicana continuará en el top 3 mundial.
- Posición mundial (proyectada): #3.
Al momento de ver estas estadísticas me pregunté:
¿Quiénes nos acompañan en este ranking mundial?
- Liberia (África Occidental): Ha registrado históricamente las cifras más altas del planeta, con tasas que superan los 70 fallecidos por cada 100,000 habitantes. En años como 2020 y 2021 llegó a superar a la República Dominicana.
- Zimbabue: Presenta tasas que oscilan entre 66 y 68 por cada 100,000 habitantes en determinados periodos. Aunque sus registros no han sido tan consistentes como los de RD, su presencia en el top mundial es recurrente.
- Burundi y Malaui (África): Estos países han aparecido en los rankings con tasas de mortalidad extremadamente altas en años puntuales, lo que evidencia la fragilidad de sus sistemas de tránsito y seguridad vial.
- Tailandia (Asia): Durante más de una década ha figurado entre los países con mayor siniestralidad vial, con tasas cercanas a 60–64 por cada 100,000 habitantes. En años como 2022 y 2023 incluso estuvo en el mismo rango que RD, superándola en algunas ocasiones.
Como podemos ver, tenemos tres países africanos y uno de Asia durante el mismo período de tiempo evaluado. Algo de lo cual no deberíamos estar orgullosos a nivel mundial, muchísimo menos a nivel de Latinoamérica (recuerden que estamos en el número 1).
¿Cuáles actividades delictivas se influencian del uso de motocicletas en el país?
Ahora bien, la situación de accidentes de tránsito no solo es el único problema principal del uso de motocicletas en nuestro país, por lo que para poder abordar la crisis que estamos definiendo en este artículo debemos verificar otro punto importante.
Principales actividades delictivas con motocicletas en RD (2020–2025)
Atracos y robos callejeros:
Los llamados “motoristas delincuentes” suelen operar en parejas: uno conduce mientras el otro despoja a las víctimas. Celulares, carteras y prendas son los bienes más sustraídos. Según la Policía Nacional, entre 2020 y 2023 más del 60% de los atracos denunciados en el Gran Santo Domingo se cometieron utilizando motocicletas.
Asaltos a mano armada (“tumbes express”):
Se concentran en intersecciones y zonas congestionadas. En 2022, la PN reportó que 7 de cada 10 asaltos armados en áreas urbanas incluyeron motocicletas como vehículo de escape.
Sicariato y ajustes de cuentas:
La mayoría de los homicidios por encargo entre 2020 y 2024 fueron ejecutados por personas a bordo de motocicletas. La Procuraduría General de la República indicó en 2021 que más del 80% de los sicariatos estuvieron vinculados al uso de este vehículo como medio de operación.
Microtráfico de drogas:
Las motocicletas también son usadas para transportar pequeñas dosis de drogas en barrios —principalmente marihuana, cocaína y crack—. En 2023, la DNCD informó que el 65% de los arrestos por microtráfico en el Distrito Nacional y Santiago involucraron mensajeros en motores.
Carreras clandestinas y desórdenes públicos:
Durante la pandemia (2020–2021) aumentaron de forma preocupante. Se reportaron más de 1,200 arrestos por competencias ilegales en motocicletas, muchas veces asociadas a pandillas urbanas.
Dos caras de un mismo peligro
Estos datos oficiales permiten llegar a una conclusión clara: en la República Dominicana las motocicletas representan dos amenazas inminentes para el ciudadano común.
La primera, el altísimo riesgo vial: tanto el usuario de motocicletas como quien no las utiliza están expuestos a sufrir accidentes o siniestros en cualquier momento.
La segunda, la amenaza criminal: aun cuando alguien nunca se haya subido a un motor, vive con el temor de convertirse en víctima de un delito donde este vehículo sea el medio de operación.
En resumen, más que un simple medio de transporte, la motocicleta en nuestro país se ha convertido en un símbolo dual: herramienta de sustento para muchos… pero también vehículo de peligro para todos.
¿Qué cantidad de motocicletas tienen seguro de ley o de cualquier otro tipo?
Pero, como si todo lo anterior no bastara, existe todavía una de las estadísticas más alarmantes: la enorme cantidad de motocicletas que circulan sin seguro de responsabilidad. En los últimos cinco años, el Estado dominicano ha intentado, sin escatimar esfuerzos, hacer cumplir la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sin embargo, los números que veremos a continuación reflejan con crudeza que, lejos de resolverse, el problema se ha diversificado, revelando así una tercera vertiente de esta crisis nacional.
¿Y el seguro de los motores?
Parque motociclista (2025): Más de 2.7 millones de unidades, lo que representa el 55% del parque vehicular nacional.
Motores no registrados: Más del 60% no figura en la DGII ni en el INTRANT.
Evolución de motocicletas con seguro (2020–2025):
- 2020: Apenas 10% de las motocicletas tenían algún tipo de seguro.
- 2021: Subió a 12%, gracias a operativos masivos de retención de motores sin documentos.
- 2022: Según la Superintendencia de Seguros, unas 350,000 motocicletas tenían póliza vigente (≈13% del parque).
- 2023: Con el Plan de Registro Nacional de Motocicletas (INTRANT), el porcentaje asegurado creció a 15%.
- 2024: Se alcanzaron 450,000 motocicletas aseguradas (≈16%).
- 2025 (actualidad): Datos preliminares de la CADOAR estiman que existen 500,000 motocicletas aseguradas, equivalente a 18% del parque nacional.
En pocas palabras: hoy en día, de los más de 2.7 millones de motores que ruedan por la República Dominicana, solo medio millón cuenta con seguro vigente.
O dicho de manera aún más directa: 8 de cada 10 motociclistas circulan de manera ilegal.
El costo de esta situación no se limita a los conductores. Por un lado, las aseguradoras privadas absorben constantemente pérdidas millonarias por accidentes de motoristas no asegurados. Y, por otro lado, el Estado asume una carga adicional en el sistema de salud pública, pues es este el que termina financiando gran parte de la atención médica de los accidentados.
El resultado: un círculo vicioso de informalidad, ilegalidad y gasto público innecesario, donde la motocicleta no solo es un riesgo en la vía… sino también un lastre financiero para toda la sociedad.
¿El esfuerzo que hacen las autoridades para fiscalizar a estos usuarios de motocicletas es mayor que el de los vehículos normales?
Fiscalización de motociclistas en RD (2020–2025)
- 2020: En plena pandemia y bajo toque de queda, los operativos se intensificaron. La DIGESETT reportó aproximadamente 280,000 multas a motoristas, en su mayoría por violar la restricción de horario, no usar casco y circular con documentación incompleta.
- 2021: Se aplicaron 310,000 sanciones. Las faltas más frecuentes fueron: no uso de casco (45% de las infracciones), circular sin placa ni papeles y violentar semáforos en rojo.
- 2022: Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Registro de Motocicletas (INTRANT), aumentó la fiscalización, resultando en unas 350,000 multas a nivel nacional.
- 2023: La DIGESETT reportó más de 400,000 infracciones a motoristas, un incremento de casi 15% en comparación con el 2022. El Gran Santo Domingo y Santiago concentraron el 60% de las sanciones.
- 2024: Se alcanzó un récord histórico, con casi 500,000 multas. Los motivos principales fueron: operativos masivos por el registro obligatorio, así como controles dirigidos a deliverys y motoristas de aplicaciones.
- 2025 (enero–julio): Ya van más de 250,000 multas emitidas en apenas 7 meses. Si la tendencia continúa, el año cerrará con entre 430,000 y 450,000 sanciones.
Más fiscalización… ¿Menos resultados?
Visto en cifras frías, las motocicletas son, sin lugar a dudas, los vehículos más fiscalizados por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es la falta de efectividad real de estas sanciones: pese al aumento sostenido de los operativos y multas, los accidentes, las muertes y los delitos asociados a motocicletas siguen en aumento.
Un refrán lo resume bien: “la fiebre no está en la sábana”.
El marco legal no es el problema: el INTRANT exige incluso exámenes psicológicos para otorgar el permiso de conducir motocicletas, lo que demuestra que la normativa es relativamente completa. El verdadero desafío radica en la aplicación práctica de la ley y en la capacidad de fiscalización sostenible y efectiva, que es donde las estadísticas dejan al descubierto la dimensión real del problema.
Propuestas de solución
El problema quizás esté en el enfoque: debemos endurecer las medidas preventivas para acceder a una motocicleta. La respuesta es un rotundo sí, pero no podemos detenernos ahí. Aprovechando las nuevas tecnologías, las empresas y aplicaciones de delivery deben explorar alternativas innovadoras que reduzcan la dependencia excesiva de las motocicletas en la distribución de paquetes.
Una opción viable sería la implementación progresiva de drones o RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia), cada vez más capacitados para volar de manera segura en entornos urbanos, evitando colisiones con edificios, árboles o cables eléctricos. Esto implicaría un salto cualitativo en la tecnificación del delivery nacional. ¿Puede resultar costoso para un colmado de barrio? Sin duda. Pero no lo sería tanto para una gran empresa o una aplicación de reparto, sobre todo considerando que la Ley de Alianza Público–Privada permite impulsar iniciativas de este tipo con apoyo del sector público.
En definitiva: la innovación cuesta, sí… pero jamás tanto como lo que hoy gastan los usuarios, las aseguradoras y el propio Estado dominicano en accidentes, infracciones y daños derivados del uso masivo de motores. Instituciones como el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación Civil (JAC) podrían incluso liderar un plan piloto experimental para evaluar la viabilidad de este modelo alternativo.
Otra solución está directamente en manos del Estado, sería regular con mayor rigor la venta de motocicletas en el país. Puede sonar a una práctica restrictiva que podría rozar con un monopolio, pero la idea no es cerrar el mercado, sino obligar a los concesionarios a evaluar adecuadamente a los compradores antes de entregarles una motocicleta. Este vínculo directo con las autoridades permitiría no solo garantizar mayor formalidad, sino que también se incremente el número de motores asegurados y registrados, reduciendo así el impacto de los accidentes y fortaleciendo la seguridad vial.
Conclusión
Debemos reconocer que la motocicleta es, a la vez, una necesidad social y un dolor de cabeza nacional. Es un vehículo que permite a miles de dominicanos trabajar, transportarse y sostener sus hogares, pero que al mismo tiempo se ha convertido en un factor de caos, inseguridad y tragedia en nuestras calles.
Por ello, la fiscalización debe ir más allá de lo que hasta ahora hemos visto: no basta con simples multas. Se requiere endurecer sanciones, incluyendo penas de prisión para la conducción temeraria y multas proporcionales a la gravedad del riesgo generado. De hecho, debe revisarse la desproporcionalidad entre la imprudencia de un motorista y las consecuencias que esta tiene en la vida y patrimonio de quienes conducen otros tipos de vehículos.
No es admisible que en 2025 las autoridades sigan subestimando el impacto económico y social que representa esta problemática. Basta con observar los patios y depósitos del Distrito Nacional, abarrotados de motocicletas abandonadas, para entender que el sistema actual no disuade ni corrige: simplemente acumula chatarra legal y social.
A esto se suma la carga desproporcionada sobre las aseguradoras, que terminan enfrentando conflictos litigiosos en los que casi siempre el dueño de un automóvil resulta en desventaja frente a un motorista. Y como si fuera poco, la ecuación se complica con el capital político de los sindicatos de motociclistas, que suelen convertirse en actores influyentes en tiempos electorales, frenando reformas necesarias.
Es hora de debatir medidas más firmes: permisos de circulación más costosos, sanciones ejemplares y una redefinición del rol del motoconcho como servicio público, con la responsabilidad que ello implica. Planes piloto como el de Santo Domingo Este son un primer paso, aunque insuficiente, y requieren mayor alcance y coordinación institucional.
En conclusión, necesitamos un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía. No se trata únicamente de más calles, túneles o elevados; se trata de cambiar la cultura vial para que con lo que ya tenemos, podamos convivir en armonía y seguridad. Que nadie tema ser asaltado en un semáforo, impactar a un motorista imprudente o arruinarse pagando primas desorbitadas de seguros.
Es momento de tomar el toro por los cuernos: atacar la raíz de la problemática —los motociclistas y la informalidad que los rodea—, aplicar la ley sin excepciones y elevar la conciencia nacional sobre el costo humano que estamos pagando. Solo así dejaremos de figurar, de una vez por todas, en el vergonzoso top 5 de países con más muertes de motoristas en el mundo.
Lic. César V. Polanco Reynoso
Socio/Fundador
Lextech Consultoria Legal Estrategica, S.R.L.