Proliferan paradas arbitrarias y registros irregulares de motoconchistas extranjeros sin licencia en Santo Domingo, mientras la Dirección de Motocicletas actúa al margen del Intrant y otras autoridades técnicas.

Santo Domingo, martes 1 de abril 2025. La República Dominicana enfrenta una creciente preocupación en materia de movilidad urbana y seguridad vial con el auge descontrolado de motoconchistas que operan sin licencia de conducir, sin documentos de identidad y sin ningún tipo de supervisión efectiva. A esta situación crítica se suma la denuncia ciudadana contra la Dirección de Motocicletas, encabezada por la Lic. Margarita Rodríguez, por autorizar paradas en lugares indebidos y permitir el crecimiento de un sistema paralelo de transporte sin coordinación técnica ni legal.

Las paradas de motoconchos, muchas de ellas habilitadas sin aprobación de las direcciones competentes como la de Dirección Movilidad Sostenible y la de Tránsito y Vialidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), invaden avenidas estructurantes, intersecciones críticas y áreas de alto flujo como las estaciones del metro, convirtiendo espacios planificados para rutas estructurantes y alimentadoras de autobuses en zonas de caos e inseguridad.

Más grave aún es el otorgamiento masivo de carnets de «registro de motocicletas» que, bajo un título engañoso de «licencia de motocicleta», se promueven como si fuesen licencias de conducción categoría tipo 1, sin pasar los exámenes teórico, psicomotor y práctico. Este acto, sin rigor técnico ni coordinación interinstitucional, ha generado un conflicto frontal con la normativa vigente, ya que se entrega una aparente habilitación a ciudadanos, en su mayoría extranjeros indocumentados, sin que estos hayan aprobado los exámenes teóricos, psicomotores ni prácticos exigidos por ley.

Las cifras son alarmantes. Según un reciente reportaje publicado Listín Diario, de un estudio de la Fundación MOVIDO, la mayoría de los motoconchistas que circulan actualmente por Santo Domingo son de nacionalidad extranjera, muchos sin regularización migratoria y sin formación básica en conducción. Esta realidad, lejos de ser controlada, ha sido tolerada e incluso facilitada por la propia institución que debería regularla. La Dirección de Motocicletas ha perdido por completo el control de un servicio que mueve mensualmente unos 7 millones de pasajeros, según la misma Dir. Margarita Rodríguez en una entrevista a Diario Libre, en un entorno cada vez más vulnerable a los accidentes, a la informalidad y a la inseguridad.

La ausencia de una política de integración con las rutas de transporte formal, la improvisación en la ubicación de paradas y la emisión de carnets sin valor legal ni coordinación con la Dirección de Licencias, revela un patrón preocupante de institucionalidad paralela. Lejos de ser un paso hacia la regulación, lo que se ha creado es un falso sentido de legalidad que pone en peligro a conductores, peatones y usuarios del transporte.

¿Quién responde por el desorden?

En un sistema de transporte que se pretende moderno, sostenible y centrado en el ciudadano, no se puede permitir que una dirección autónoma actúe como un ente sin control técnico ni fiscalización. La movilidad urbana debe responder a planes estratégicos, a estudios de impacto, a la coordinación entre actores y a una visión de seguridad vial, no a decisiones unilaterales que socavan todo avance en ordenamiento territorial y movilidad sostenible.

El país necesita respuestas. La Dirección de Motocicletas, y quien la dirige, lejos de ser una solución, se ha convertido en un eje de conflicto y desorden. Se requiere con urgencia una revisión institucional, el fortalecimiento de las atribuciones de Intrant como ente rector y la aplicación rigurosa de la Ley 63-17. Mientras tanto, las ciudades se debaten entre la informalidad creciente y la pérdida del control estatal sobre el espacio público.