La propuesta del Centro Económico y Social (CES) de iniciar un plan de regularización de mano de obra extranjera en medio de la aguda crisis haitiana es, como mínimo, una muestra de desconexión con la realidad social, económica y migratoria de la República Dominicana. El país no cuenta con las condiciones institucionales, jurídicas ni sociales para asumir una iniciativa de tal magnitud sin poner en riesgo su soberanía, su identidad nacional y la estabilidad de su ya frágil sistema laboral. Plantear regularización sin un censo migratorio confiable y sin un control efectivo de las fronteras es abrir la puerta al desorden y a la vulnerabilidad nacional.

Aceptar un plan de este tipo sería legitimar décadas de descontrol migratorio, premiar la ilegalidad y enviar el mensaje equivocado a la comunidad internacional: que República Dominicana está dispuesta a asumir responsabilidades que no le corresponden. Nuestro sistema educativo, de salud y de seguridad social ya está profundamente tensionado por la carga migratoria actual, en gran parte irregular. Una regularización masiva agravaría aún más esta situación, con costos humanos y económicos que recaerán sobre los sectores más vulnerables del pueblo dominicano.

La República Dominicana no puede ni debe ceder a presiones ni discursos disfrazados de humanidad que ocultan intereses ajenos a los de la nación. Exhortamos al presidente Luis Abinader a rechazar esta propuesta de forma categórica. Este no es el momento para legalizar el caos, sino para fortalecer las instituciones, proteger nuestras fronteras y hacer cumplir las leyes. La patria se defiende con dignidad, con firmeza y con visión de futuro.