El Decreto 517-25 prioriza la urgencia sobre la planificación y compromete mayores recursos fiscales.
Por: Quique Antún Batlle
La electricidad es, sin lugar a dudas, un servicio estratégico que sostiene el tejido productivo y social de la República Dominicana. Cada decisión en este sector debería ser fruto de una planificación rigurosa, transparente y de largo plazo, pues de ello depende no solo la estabilidad económica, sino también la calidad de vida de millones de dominicanos. Sin embargo, el Decreto 517-25, aunque justificado en la urgencia de evitar un desabastecimiento, transmite la sensación de responder más a la inmediatez que a una estrategia estructurada y coherente.
El decreto define como prioridades: la contratación de nueva generación térmica de respuesta rápida, la instalación de baterías independientes (stand-alone) y la autorización a las distribuidoras para ejecutar compras masivas y proyectos de rehabilitación de redes bajo la figura de la emergencia. A primera vista, estas medidas parecen razonables para enfrentar una coyuntura apremiante; no obstante, cuando se examinan en detalle, dejan entrever serias debilidades en materia de planificación y riesgos significativos para las finanzas públicas y la transición energética.
Un primer aspecto de preocupación surge del Artículo 1, literal c), que faculta a las empresas distribuidoras a adquirir materiales, equipos y repuestos de manera acelerada. La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones establece que la excepción de emergencia solo puede invocarse en situaciones extraordinarias de fuerza mayor, aquellas que representen un peligro inmediato para la vida, la seguridad pública o la economía nacional. Extender esta figura a procesos de compras masivas en las distribuidoras abre un espacio amplio de discrecionalidad. En un contexto de grandes volúmenes de contratación, este mecanismo puede derivar en sobrecostos, ineficiencias y falta de controles efectivos, generando un precedente preocupante para el manejo del erario.
Otro punto llamativo es la inclusión de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) entre las instituciones facultadas para suplir generación térmica. Esta disposición resulta, cuando menos, contradictoria. No solo desconoce la naturaleza propia de EGEHID como entidad de generación hidroeléctrica, sino que envía un mensaje de improvisación y falta de claridad en la definición de los roles de cada empresa pública del sector.
En materia financiera, la preocupación es aún mayor. El subsidio eléctrico para el año 2025 se proyecta en torno a los 1,600 millones de dólares, cifra que compromete seriamente la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Insistir en soluciones basadas en generación térmica, con combustibles cada vez más costosos y volátiles, y en compras de emergencia por parte de las distribuidoras, no hará más que incrementar esta carga, desplazando recursos que el país necesita urgentemente en educación, salud e infraestructura social.
El Artículo 7 del decreto, que declara de interés nacional la ampliación de la matriz, representa una oportunidad perdida. Su redacción es tan general que deja a la interpretación la inclusión de energías renovables, sin brindar un mandato claro para priorizarlas. En lugar de enviar una señal contundente hacia la diversificación sostenible, se apuesta a soluciones coyunturales que no fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico frente a choques futuros.
La conclusión inevitable es que la verdadera emergencia no se origina únicamente en factores externos, como el cambio climático o el crecimiento de la demanda, sino también en la falta de previsión acumulada durante años. El déficit actual es la consecuencia directa de no haber planificado con suficiente antelación la entrada de nueva generación, la modernización de las redes y el desarrollo de almacenamiento integrado a los proyectos renovables. En otras palabras, la coyuntura que hoy obliga a decretos de excepción es fruto de una planificación insuficiente e improvisada.
El país debe aprender de esta experiencia. El sector eléctrico no puede depender permanentemente de parches ni de medidas de ocasión, pues cada improvisación termina siendo más costosa que una planificación adecuada. Se necesita una política energética de Estado, coherente y estable, que priorice la eficiencia, la diversificación y la sostenibilidad. De no hacerlo, cada cierto tiempo nos veremos obligados a repetir el mismo ciclo: decretos de emergencia, altísimas inversiones y compras apresuradas, sin los controles que nos aparten de toda duda y una mayor carga fiscal que finalmente recae sobre el pueblo dominicano
Quique Antún Batlle