Todo dominicano ha expresado de una u otra manera su descontento con la forma de manejar en Santo Domingo. Pero es como con el clima, todo el mundo se queja al respecto pero nadie hace nada para cambiarlo. La licencia de conducir es una concesión del Estado, otorgada a una persona que reúne los requisitos y pasa las pruebas, para conducir un vehículo de motor. La concesión para conducir incluye la obligación de respetar la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, acorde lo indica la Ley y so pena de suspender la licencia de conducir.

En la conducción de un vehículo de motor prevalece un principio importante ante cualquier otra cosa: preservar la vida humana. Para eso existen cinturones de seguridad, límites de velocidad, sillas para menores de doce años y espacios designados para conducir.

Pero el riesgo más grande es para los peatones. La Ley 63/17 define la calzada (calle) como el espacio para vehículos de motor y pedal y la acera como el espacio exclusivo destinado únicamente para peatones. Las aceras son santuarios para las personas a pie. Son espacios seguros donde no deben encontrarse con un vehículo de motor, donde todos, pero especialmente los niños y envejecientes deben poder caminar sin riesgo. Pero últimamente no es así. Las motocicletas han arrebatado ese sagrado espacio seguro y lo han convertido en su propia pista particular de circulación. Las infracciones de tránsito para quien conduce fuera de la calzada están claramente indicadas en la ley. Pero la amenaza va más allá de una simple infracción. Transitar en motocicleta por la acera es un acto homologable con intento de homicidio. Una motocicleta, viajando a 20km por hora con un peso de 200 libras, más el conductor, en un espacio de apenas un metro de ancho, es un arma dirigida directamente al peatón que no espera que lo atropellen o, peor aún, lo maten sobre la acera.

La primera llamada de atención es para los conductores de motocicletas que deben abandonar esta práctica prohibida por ley y dejar de poner en constante peligro a sus conciudadanos y turistas. La segunda llamada de atención es para las autoridades del gobierno de turno para que en forma expedita y drásticamente frenen con todo el peso de la ley esta peligrosa práctica, antes de que se normalice, y no solo tengamos tapones sino tampoco tengamos por donde caminar con seguridad.