Haití. En un comunicado de prensa publicado este lunes 24 de marzo de 2024, varias organizaciones de derechos humanos haitianas se pronunciaron sobre la situación de seguridad en el país. Piden un marco jurídico que regule el uso de drones kamikaze desplegados por el grupo de trabajo creado por la Oficina del Primer Ministro para combatir la violencia de pandillas en Haití.

Estas organizaciones reconocen que la creciente inseguridad requiere intervenciones innovadoras y efectivas para proteger a la población. Destacan que el uso de drones representa una respuesta potencialmente efectiva para contener las acciones de grupos criminales que atentan contra la paz y seguridad de los haitianos.

Sin embargo, insisten en la necesidad de regular legalmente estas operaciones. “Es imperativo que todas las acciones que se adopten respeten los principios del estado de derecho y los derechos humanos. «La transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas internacionales deben guiar el uso de esta tecnología», señala el comunicado.

También piden una mejor coordinación entre los distintos actores implicados, en particular el alto mando de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H) y los miembros de la fuerza multinacional. «La estrecha cooperación entre estas entidades es esencial para garantizar que las operaciones con drones formen parte de una estrategia de seguridad integral destinada a restablecer la confianza pública en las instituciones estatales», añade el comunicado, firmado por más de una docena de organizaciones, entre ellas la Orden de Defensores de Derechos Humanos (ORDEDH), la Liga Haitiana para la Defensa de los Derechos Humanos (LHDDH) y la Comunidad Interconectada Haitiana para el Liderazgo y el Desarrollo (Child-Haïti), por nombrar algunas.

Mientras alientan a las autoridades a seguir utilizando drones en su lucha contra la delincuencia, estas organizaciones insisten en el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos.

«Es fundamental que este enfoque se aplique respetando el Estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Las operaciones de seguridad deben realizarse de manera transparente y responsable para evitar cualquier abuso o exceso que pueda agravar la situación en lugar de resolverla”, advierten.

Por último, señalan que la lucha contra la criminalidad sólo puede ser efectiva si se enmarca en un marco jurídico respetuoso con los derechos humanos. «Alentamos a las autoridades a continuar sus esfuerzos para garantizar la seguridad preservando los valores democráticos en los que se basa nuestra sociedad», concluyó el comunicado.