La Operación Camaleón ha desvelado una red de corrupción alarmante en el manejo de los sistemas de control de semáforos y captación de datos vehiculares en la República Dominicana. Este caso pone de relieve el peligro de permitir que una empresa privada, sin un adecuado control estatal, maneje un sistema tan crítico para la seguridad y el orden público.
De acuerdo con la información oficial, se ha evidenciado la creación de una organización criminal compuesta por funcionarios, exempleados y ciudadanos con antecedentes delictivos. Estos individuos, entre los que destacan José Ángel Gómez Canaán (conocido como “Jochi”), Pedro Vinicio Padovani Báez, y Carlos José Peguero Vargas, establecieron una asociación delictiva con la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano. Según el Ministerio Público, lograron amañar un proceso de licitación que les permitió adjudicarse un contrato por la asombrosa suma de RD$1,317,350,997.
La gravedad de la situación se profundiza al revelarse que este grupo manipuló el proceso de licitación desde el inicio, seleccionando al oferente antes de que se publicara en el portal institucional y permitiendo que este participara en la elaboración del pliego de condiciones, confeccionando así un “traje a la medida”. Además, obtuvieron el control del sistema semafórico y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, vinculando estos sistemas a un centro de monitoreo de AURIX S.A.S., una empresa de propiedad de Jochi Gómez, que supuestamente se dedica a la investigación e inteligencia privada.
Lo más preocupante es que señalan este entramado criminal ya habría adquirido un “volumen significativo de datos”, incluyendo acceso a información sensible de seguridad nacional. Se alega que a través de un contrato con el Ministerio de Defensa, Gómez habría obtenido acceso a datos como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de ciudadanos, lo que representa una violación grave de la privacidad.
A la par de esto, se ha informado que Transcore Latam S.R.L. alteró los semáforos para añadir dispositivos no autorizados, como redes de fibra óptica y equipos de espionaje, lo que pone en riesgo la seguridad de la información y la privacidad de los ciudadanos.
Este escándalo evidencia, una vez más, el peligro de tercerizar sistemas vitales para el estado, dejando a la discrecionalidad de empresas privadas el poder que estos sistemas conllevan. Es inaceptable que se haya permitido a actores privados acceder y manipular datos sensibles, alterando lo convenido en la licitación.
Sin embargo, es importante destacar que la nueva administración del Intrant, bajo la dirección del Ing. Milton Morrison, ha tomado la decisión acertada de recuperar el control del sistema. A pesar de que su antecesor aparentemente ignoró las advertencias sobre los riesgos de la tercerización, Morrison ha actuado con firmeza para rescatar el sistema de las manos de estos actores corruptos y devolverlo al estado.
La recuperación del control estatal sobre los sistemas de tránsito es un paso crucial hacia la transparencia y la confianza ciudadana. Bien por las nuevas autoridades de INTRANT que están trabajando para garantizar que la seguridad y la integridad de la gestión del tránsito estén en manos del Estado, donde pertenecen.
Honor a quien honor merece.