En la República Dominicana, donde el lavado de activos —principalmente ligado al narcotráfico y la corrupción— distorsionan la economía y fomenta la informalidad, es urgente intensificar los controles para restringir la entrega de grandes sumas en efectivo por parte de las entidades financieras. La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos obliga a reportar transacciones en efectivo superiores a US$15,000 (o equivalente) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y limita pagos en efectivo en ciertas operaciones comerciales de alto valor. Sin embargo, la alta circulación de efectivo facilita el blanqueo y la evasión fiscal, que alcanza niveles elevados y reduce la presión tributaria por debajo del promedio regional. Modelos internacionales como los reportes obligatorios en EE.UU. (sobre US$10,000) han probado eficacia en reducir vulnerabilidades, promoviendo trazabilidad y seguridad.

Estos controles impulsan una economía más transparente al fomentar transferencias electrónicas auditables, disminuyendo la evasión fiscal y la corrupción que frenan el crecimiento. La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) reconoce que la dependencia del efectivo representa un reto mayor contra el lavado, respaldando medidas que modernicen el sistema y protejan a los usuarios, minimizando riesgos de circulación masiva sin supervisión. Aunque puedan generar inconvenientes en transacciones legítimas, las alternativas digitales seguras y accesibles los mitigan, generando beneficios como mayor confianza institucional, formalización económica y freno al crimen organizado. Se trata de una medida justificada para salvaguardar la integridad financiera y social del país.