Los accidentes de tránsito en República Dominicana no son solo tragedias humanas; son una hemorragia económica que drena al país 220 mil millones de pesos anuales, equivalente a más del 2% del PIB. Esta cifra, que cubre desde atenciones médicas hasta reparaciones de infraestructura, refleja un sistema colapsado donde la imprudencia, la falta de educación vial y una infraestructura deficiente se combinan con consecuencias devastadoras. Cada año, más de 2,800 vidas se pierden y miles quedan con discapacidades permanentes, dejando un rastro de familias destrozadas y comunidades marcadas. Este no es solo un problema de números: es una crisis nacional que exige acción inmediata.

El dilema es claro: *prevención versus negocio*. La prevención, aunque requiere inversión inicial, es la solución más rentable. Países con políticas efectivas, como Suecia, demuestran que campañas educativas, infraestructura segura y leyes estrictas pueden reducir las muertes viales hasta en un 50%, generando ahorros millonarios a largo plazo. En cambio, en RD, el enfoque parece atrapado en un ciclo de negocio: multas que generan ingresos rápidos, seguros que priorizan indemnizaciones sobre prevención y una implementación irregular de la Ley 63-17 de Seguridad Vial. Este modelo no solo perpetúa la tragedia, sino que desvía recursos que podrían destinarse a educación, salud o desarrollo sostenible.

Es hora de elegir un futuro diferente. *República Dominicana no puede seguir entre los países con más muertes por accidentes de tránsito*. Exijamos a las autoridades invertir en radares, cascos obligatorios para motociclistas —que representan el 70% de las fatalidades— y campañas masivas de concientización. Como ciudadanos, debemos asumir nuestra parte: respetar las leyes, usar el cinturón y denunciar la imprudencia. Los 220 mil millones que perdemos cada año podrían construir un país más seguro y próspero. La pregunta es: ¿seguiremos pagando con vidas y dinero, o apostaremos por la prevención? El cambio empieza ahora.