La ultraderecha aumenta su impacto en las directrices migratorias europeas Expulsiones «generalizadas» y «prisiones marítimas»: así intensifica Europa sus estrategias migratorias Para la ultraderecha, el reciente tratado de asilo e inmigración es «deficiente» y falla en abordar la crisis migratoria europea. Por otro lado, para la izquierda y los ecologistas, este acuerdo compromete el derecho de asilo, eleva el peligro de infringir los derechos humanos y no enmienda los errores del acuerdo de Dublín, fundamental en un sistema que colapsó hace casi diez años, debido a la crisis de refugiados de 2015 y la llegada de más de un millón de personas escapando del conflicto sirio. A pesar de estas discrepancias, conservadores, socialdemócratas y liberales consiguieron este miércoles un consenso en la sesión plenaria del Congreso Europeo sobre el amplio conjunto legislativo que compone el nuevo acuerdo migratorio, que va a intensificar la supervisión y el proceso para solicitar asilo, además de implementar una solidaridad opcional que permite a los países evitar la redistribución mediante el pago de 20.000 euros por cada refugiado no aceptado.

Después de más de ocho años de elaboración legislativa y negociaciones complejas, los delegados del Congreso Europeo y del Consejo alcanzaron un consenso político sobre la serie de regulaciones en el último momento, a finales de 2023, bajo la presidencia española de la UE. Restaban dos fases para completar. La primera se logró este miércoles al superar la reforma el penúltimo escollo en la sesión plenaria de la Eurocámara, durante una votación que se vio interrumpida brevemente por los reclamos desde la galería del hemiciclo de activistas que se oponían al acuerdo, gritando insistentemente: «Este tratado es letal, voten no». Sus manifestaciones no alteraron el desarrollo y la votación se llevó a cabo sin inconvenientes. «Es ahora o nunca, ya que este momento no se repetirá», advertía la comisionada de interior, Ylva Johansson, haciendo referencia a un futuro congreso más fragmentado y polarizado.

El siguiente paso será la ratificación final (necesaria una mayoría cualificada) por parte del Consejo, prevista para la reunión de ministros de Agricultura y Pesca del 29 de abril. Una vez que los gobiernos aprueben la reforma, esta entrará en vigor en dos años, en 2026. «Hemos hecho historia. Hemos establecido un marco legislativo robusto sobre cómo gestionar la inmigración y el asilo en la UE. Ha llevado más de 10 años su elaboración. Pero hemos cumplido nuestro compromiso. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo», resaltaba la presidenta del Congreso Europeo, Roberta Metsola, acerca de una de las políticas más controvertidas y divisorias de la última década, que contó con la participación de una decena de ponentes, incluidos Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Jorgé Buxadé (Vox).

El evento destacó por la presencia conjunta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro belga, Alexander de Croo, en representación de la presidencia rotatoria de la UE. «La inmigración es un desafío europeo que requiere una solución europea. Una que sea efectiva, equitativa y rigurosa, y esto es lo que propone el pacto: fronteras más seguras, claridad sobre quién entra, al mismo tiempo que se aseguran los derechos fundamentales; procedimientos más ágiles y eficaces para el asilo y la repatriación, significando que aquellos sin derecho a asilo no serán admitidos, mientras que quienes huyen de la persecución podrán obtener la protección necesaria», resumía la funcionaria alemana.

«No estoy satisfecha, no voy a celebrar con champán. Pero no nos eligen para hacer solo lo que nos gusta, sino para asumir responsabilidades. Y eso a veces implica decisiones difíciles», reconocía la eurodiputada liberal holandesa, Sophie in’t Veld, ante la compleja votación, reiterando durante el debate parlamentario que el acuerdo no complace completamente a nadie y sigue generando «incertidumbres» y preocupaciones. «Todo dependerá de su implementación», pronostica. En manos de un gobierno comprometido con los derechos humanos, el paquete puede «mejorar y fortalecer los derechos y condiciones de acogida de los recién llegados» pero bajo administraciones más severas, podría «prolongar las condiciones de detención».

Proceso acelerado El nuevo sistema de asilo introduce un mecanismo acelerado para el procesamiento de solicitudes por parte de individuos que llegan a las fronteras de la UE con escasas probabilidades de ser aprobados para asilo. Este procedimiento, que no excederá los siete días, busca verificar la identidad, registrar huellas dactilares y fotografías, además de realizar evaluaciones de salud, seguridad y vulnerabilidad, con protecciones especiales para menores, quienes tendrán derecho a un representante y un mecanismo de seguimiento de los derechos fundamentales durante el examen que se llevará a cabo en «centros de recepción» ubicados en o cerca de las fronteras exteriores, así como en otros sitios dentro del territorio.

La reforma también define los criterios para determinar qué país será responsable de examinar una solicitud de asilo, buscando que la primera decisión se tome en un plazo máximo de 6 meses y focalizando los recursos en casos de personas con alta probabilidad de obtener protección para evitar la saturación del sistema. Este método expedito se activaría tras una evaluación preliminar. El país de llegada será inicialmente el responsable de examinar la solicitud, aunque también podría ser gestionada por otro país si el solicitante tiene familia o conexiones en él. El sistema incluye la obligación de proporcionar asesoría legal gratuita a los solicitantes en todos los trámites administrativos y salvaguardas para asegurar que los Estados miembros cuenten con capacidad de acogida adecuada.

Solidaridad opcional El acuerdo introduce un modelo de solidaridad obligatoria flexible, asegurando que todos los países de la UE contribuyan a aliviar la presión migratoria en naciones afectadas. Sin embargo, en lugar de cuotas fijas por país, se ofrecen tres opciones gestionadas a través de un fondo de solidaridad: la reubicación de solicitantes de asilo, con un objetivo de redistribuir a 30.000 personas al año, una contribución de 20.000 euros por cada persona cuya reubicación se rechace o aportaciones para financiar personal, instalaciones o equipamiento técnico.

La reforma también estipula cómo actuar ante situaciones excepcionales, como un aumento repentino en la presión migratoria que afecte al sistema de asilo debido a una crisis o fuerza mayor. En estos casos, se podrá recurrir a un mecanismo de emergencia. Por ejemplo, en situaciones de crisis, el registro de solicitudes podría extenderse hasta 10 días y el procedimiento fronterizo, seis semanas adicionales por cada etapa. En momentos de flujo masivo, el umbral del procedimiento fronterizo se aplicaría a solicitantes con una tasa de reconocimiento de hasta el 50%, y en circunstancias de instrumentalización, el procedimiento fronterizo se aplicaría a todas las llegadas.

Control de datos desde los 6 años Una innovación significativa concierne a la actualización de la base de datos Eurodac, creada en 2003 para implementar el acuerdo de Dublín. Ahora, se modificará el método de recopilación de datos para proporcionar a la UE un sistema de identificación más eficiente y prevenir fraudes. Se busca tener «una visión más clara» de quién está en Europa y quién ha solicitado asilo, incluso si fue en otro país, una medida contra, por ejemplo, los movimientos secundarios. El acuerdo reduce la edad mínima para la recopilación de datos —imagen facial, huellas, nombre, apellido, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, así como órdenes de expulsión o reubicación— de 14 a 6 años. Según el Congreso Europeo, esto facilitará la identificación de menores no acompañados que puedan huir de instituciones de acogida o servicios sociales para niños.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20240410/parlamento-europeo-aprueba-pacto-migratorio-100884917