En un país donde las políticas públicas parecen más enfocadas en perpetuar sistemas fallidos que en resolver problemas de raíz, el caso de Juan Llibre resalta como un claro ejemplo de la desconexión entre la legislación y la realidad social. A pesar de los esfuerzos globales por reorientar la lucha contra las drogas, nuestro país sigue atrapado en una mentalidad represiva que, lejos de solucionar problemas, los agrava.
Una guerra perdida
Durante las últimas dos décadas, naciones como Portugal y Uruguay han implementado reformas significativas en sus políticas antidrogas, buscando reparar el daño causado por la fracasada «Guerra contra las drogas» promovida por Estados Unidos. Estos cambios, aunque lentos, han mostrado que hay alternativas más humanas y efectivas para abordar el problema de las drogas. Sin embargo, en nuestro país, seguimos aferrados a un modelo punitivo que no solo es ineficaz, sino que también es cruel e inhumano.
La raíz del problema
Pocos comprenden que la política internacional de drogas se originó como un sustituto de la «guerra contra el comunismo». Esta estrategia, lejos de proteger a la sociedad, ha servido para dividir comunidades y atacar el bienestar familiar, ignorando completamente las causas profundas de la adicción y la salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Bajo esta definición, es evidente que la represión no puede ser la solución para quienes sufren de adicciones.
Al revisar una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de Estupefacientes de la ONU eliminó el cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína. Retirando esta sustancia de los tratados de control de drogas, algunos de los cuales formamos parte.
El caso de Juan Llibre
Juan Llibre, un activista comprometido con la despenalización del cannabis medicinal, se convirtió en una víctima más de un sistema legal obsoleto y brutal. La Ley 50-88, junto con un código penal que data de 1884, demuestra su ineficacia y su desconexión con un Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución de 2010 proponía normas garantistas que siguen sin ser implementadas debido a la indiferencia y falta de acción de nuestros legisladores.
Llibre no merecía morir en condiciones infrahumanas. Su lucha debería haber sido confrontada con argumentos, no con represión. La negación de asistencia médica y el trato degradante que recibió en prisión no solo violan su dignidad humana, sino que también arrojan una sombra de duda sobre las verdaderas intenciones de las autoridades.
Un llamado a la acción
¿Quién es responsable de la muerte de Llibre y de otros reos en nuestro sistema penitenciario? La culpa es compartida: legisladores que ignoran la necesidad de reformas, un sistema judicial que aplica leyes arcaicas, un sistema penitenciario corrupto y deficiente, y una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Sin embargo, el problema de fondo es una sociedad indiferente, que no comprende que la democracia es más que marchas y quejas en redes sociales.
La verdadera defensa de la democracia requiere acciones ciudadanas coordinadas, fiscalización efectiva de la administración pública y, cuando sea necesario, el uso del voto para remover a quienes no sirven al bien común. La apatía y la indiferencia son la criptonita de nuestra democracia. Hoy fue Juan Llibre, mañana podríamos ser tú o yo.
En palabras del pastor luterano Martin Niemöller:
«Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.
» Es hora de despertar, de actuar y de exigir un cambio real. No podemos permitir que más vidas sean destruidas por la inacción y la indiferencia.
Lic. Cesar V. Polanco Reynoso