En la República Dominicana, los accidentes de tránsito se han convertido en una emergencia persistente que cobra vidas todos los días. Las cifras son alarmantes, y la respuesta institucional aún resulta insuficiente. Es momento de declarar esta crisis como una prioridad nacional, no solo en los discursos, sino en las políticas públicas, presupuestos y campañas de educación vial. No se trata únicamente de regular el tráfico, sino de proteger vidas y garantizar que el país avance hacia una movilidad segura, sostenible y moderna.

La falta de conciencia ciudadana, infraestructura deficiente y debilidad en la fiscalización agravan la situación. Urge un compromiso firme que trascienda los intereses políticos y active la voluntad colectiva para enfrentar esta tragedia con seriedad. Declarar los accidentes de tránsito como asunto de alta prioridad nacional no es una exageración: es un acto de responsabilidad, de empatía y de justicia. La seguridad vial debe dejar de ser un tema de segundo plano y convertirse en una causa común que movilice a todos los sectores del país.