Santo Domingo. La Dirección General de Migración (DGM) dio a conocer que dispuso el sometimiento a la justicia de un ciudadano chino, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte de esta capital, por obstrucción a la labor de interdicción migratoria y agresión a miembros de las autoridades actuantes.

Fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos, entre hombres y mujeres, quienes se encontraban laborando en condición migratoria ilegal. Durante un operativo de interdicción de la DGM, realizado con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,

El propietario del establecimiento es reincidente en prácticas de ocultamiento de personas indocumentadas, y se opuso de manera violenta a la labor de los agentes, incitando a sus empleados a la agresión y profiriendo expresiones ofensivas contra las autoridades de migración. donde, varios agentes resultaron lesionados, según detalló la institución migratoria.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Migración No. 285-04, que faculta a la DGM a realizar inspecciones en centros laborales para verificar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, con el objetivo de prevenir irregularidades y proteger el cumplimiento del marco legal vigente.

“Ante la agresividad del entorno, los actuantes se vieron en la obligación de aplicar técnicas de control y uso racional de la fuerza, a fin de preservar el orden y la integridad física de los presentes. No obstante, debido a la intensidad de las agresiones, no fue posible la detención inmediata del propietario, optando las autoridades por retirarse momentáneamente para evitar una escalada de violencia con consecuencias mayores”, dijo la entidad.

La Dirección General de Migración reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la aplicación estricta de la normativa migratoria, al tiempo que exhorta a los empleadores a respetar las disposiciones legales en materia de contratación de mano de obra extranjera.

Agregó que la presencia de personas en situación migratoria irregular no solo constituye una falta al marco normativo, sino que también propicia escenarios de vulnerabilidad laboral y evasión de responsabilidades legales y fiscales.