En un momento en que el mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, la República Dominicana no puede permanecer indiferente ni actuar con ambigüedad. La defensa del medio ambiente y de nuestros recursos naturales debe ser una prioridad nacional asumida con carácter, coherencia y responsabilidad. Nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y equilibrado, y como nación hemos firmado compromisos internacionales que nos obligan a proteger nuestra biodiversidad, costas, bosques y fuentes hídricas. No se trata solo de cumplir con obligaciones legales, sino de asegurar la calidad de vida presente y futura del pueblo dominicano.

Enviar señales contradictorias o permisivas ante acciones que atenten contra el medio ambiente no solo debilita nuestra institucionalidad, sino que hiere la confianza de la ciudadanía y desacredita nuestro rol en la comunidad internacional. No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el interés colectivo y sobre un patrimonio natural que es de todos. Como país, tenemos la oportunidad —y el deber— de liderar con el ejemplo, garantizando políticas públicas firmes, educación ambiental constante y sanciones efectivas. La historia nos juzgará no por lo que dijimos, sino por lo que hicimos cuando más se requería valor.