Venezuela. El inicio oficial de la campaña electoral este jueves en Venezuela es un mero formalismo que aplica básicamente para la difusión de propaganda en los medios tradicionales. Tanto el régimen de Nicolás Maduro –que viene haciendo uso indiscriminado de los recursos del Estado y la prensa oficial–, como la oposición –que ha llegado a todos los rincones del país con los recorridos emprendidos desde hace más de un año por María Corina Machado– han protagonizado sendas cruzadas que, para unos significa la permanencia en el poder mediante el abuso de las instituciones secuestradas desde hace más de dos décadas, y para otros la recuperación de la democracia superando una larga lista de obstáculos que no dejarán de estar presentes en el camino al 28 de julio.

Inhabilitaciones, persecución judicial, amedrentamientos y diálogos estériles para ganar tiempo han sido las cartas del oficialismo. El otro lado se puede describir con una sola palabra: resistencia. Fue así como el abanderado de la opositora Plataforma Unitaria terminó siendo el exdiplomático de 74 años Edmundo González Urrutia, tras haber sido postulado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato provisional a la espera del desbloqueo en el sistema de la escogida inicialmente por Machado como su representante en los comicios, la filósofa Corina Yoris, o la habilitación de la indiscutible ganadora de las primarias del 22 de octubre. Eventos que la dictadura no permitió que ocurrieran. Mientras tanto, sin sorpresas se inscribían Nicolás Maduro y otros ocho aspirantes auspiciados por el chavismo para intentar dividir el voto opositor sin encontrar ningún obstáculo.

En la formalidad del cronograma electoral, que indica que la campaña para las presidenciales del 28 de julio en Venezuela va del 4 al 25 de julio, chavismo y oposición comienzan midiendo fuerzas este jueves en Caracas. La agenda de Maduro para los próximos días aún no ha sido revelada. Por su parte, Edmundo González y María Corina Machado ya hicieron públicos sus próximos actos en estados como Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Portuguesa, Monagas y Zulia. Además se incluye un “día de oración por Venezuela” bajo el lema “Mano, tengo fe”, en clara alusión al slogan que se ha hecho viral en apoyo a la selección de fútbol, que ha tenido una destacada participación en la Copa América. Y para el cierre, el día 25, ya está convocada una movilización en la capital, denominada la “Toma de Caracas”.

La evolución que el chavismo no vio venir

Apostar al peso histórico que ha tenido en las campañas electorales en Venezuela la propaganda en los medios tradicionales puede ser un error que el régimen no ha medido. El oficialismo también parece estar subestimando la movilización espontánea, ya que el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, pretendió minimizar los actos masivos de María Corina Machado en su paso por ese estado, asegurando que las elecciones se ganan con maquinaria.

Los tiempos han cambiado y todo parece indicar que la estrategia chavista del 1×10 y la hegemonía comunicacional que ha creado el régimen ahogando a la prensa escrita, cerrando canales de televisión, expropiando emisoras de radio y comprando medios en general mediante testaferros no serán suficientes para frenar el deseo espontáneo de cambio y la dominante influencia de las redes sociales. Ese fue el caso de Argentina, donde Javier Milei ganó la Presidencia sin destinar recursos a la campaña tradicional. Claro está que el caso de Venezuela es mucho más complejo. “Las elecciones presidenciales en Venezuela no se presentan ni libres, ni claras, ni transparentes”, dijo este jueves el politólogo Ángel Medina Devis en el canal NTN24.

Las normas para la campaña en medios

En cuanto a las normas para la campaña, el CNE ha establecido que los medios de comunicación “deberán observar un estricto equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las actividades desarrolladas por los candidatos”, y “cubrirán los actos de campaña electoral en forma objetiva, balanceada e imparcial, dando cabida a todos”. Además, se contempla que los medios “públicos y privados, así como los productores independientes, darán participación equitativa a todos los candidatos en las entrevistas y programas de opinión”. Esto indica que habrá en los medios una sobrexposición de los llamados candidatos “alacranes” o “colaboracionistas”, que sirven a los intereses del régimen.

Y es que a partir de este jueves, los candidatos y las organizaciones con fines políticos “podrán contratar la difusión de propaganda” con “los prestadores de servicio de televisión, pública o privada” por un tiempo máximo de tres minutos diarios no acumulables, así como un máximo de cuatro minutos diarios por prestador de servicio, no acumulables, en emisoras de radio. Pero esto parece preocupar más al oficialismo que a la oposición, cuyas actividades se viralizan en tiempo récord en las redes sociales sin que el régimen pueda hacer algo para evitar su propagación.

Desde la Asamblea Nacional dominada por el chavismo han intentado legislar para controlar el contenido que se difunde en las plataformas digitales, pero es técnicamente inviable, considerando que las grandes tecnológicas como Meta (que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp), Telegram, X y TikTok, por ejemplo, no tienen oficinas e Venezuela, como sí ocurre en el caso de Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal (STF), de mayoría oficialista, mantiene una pugna que ha derivado en un estricto control sobre estas compañías.

Sin embargo, mediante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) intentarán “monitorear” y “observar” el desempeño de las redes sociales durante el proceso electoral “a los fines de erradicar los fenómenos de desinformación o los incumplimientos de la normativa”. Una tarea mucho más complicada para el régimen.

Sindicato de periodistas exige garantías

A propósito del inicio oficial de la campaña electoral en Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este jueves garantías para una cobertura “plural, amplia, oportuna y segura” para los periodistas y medios de comunicación, donde “faciliten el acceso a sus plataformas para que los candidatos puedan exponer sus propuestas y los ciudadanos puedan evaluarlas”, así como “prevenir cualquier tipo de agresión o intimidación” a los trabajadores de la prensa y “respetar la labor periodística”.

 

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