El Senado ha asestado un golpe directo a la democracia al aprobar la eliminación de las candidaturas independientes, derogando los artículos que las regulaban en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Con esta decisión, se obliga a todo aspirante a la presidencia o cualquier cargo electivo a someterse al yugo de los partidos tradicionales —la inmensa mayoría de los cuales jamás ha presentado un candidato presidencial propio o lo hizo hace décadas—. Lo que se presenta como protección del sistema de partidos es, en realidad, la consolidación de un monopolio político que cierra la puerta a la renovación y a voces ajenas al establishment.

Esta medida no solo ignora la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba regular —no eliminar— esta figura para garantizar pluralidad, sino que refuerza un modelo dependiente y clientelar. Al forzar la afiliación partidaria como único camino legítimo, se asfixia la libertad de elección del ciudadano y se perpetúa el poder de estructuras anquilosadas. En un país que clama por cambio, el Congreso elige blindar lo viejo en vez de abrir espacio a lo nuevo. ¿Democracia representativa o oligarquía disfrazada? La respuesta la dará la historia.