En un país que valora la familia como pilar fundamental de su identidad, resulta impostergable que el Estado dominicano adopte políticas públicas integrales en favor de nuestros envejecientes. Esta población, que entregó lo mejor de sí para construir la nación que hoy disfrutamos, merece más que respeto simbólico: merece protección efectiva, acceso digno a la salud, seguridad social garantizada y oportunidades de participación activa en la sociedad.

Actualmente, muchos envejecientes enfrentan abandono, precariedad económica y exclusión social. Las pensiones mínimas resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y los servicios de salud no siempre están diseñados con enfoque gerontológico. Esto evidencia una deuda moral del Estado y la sociedad dominicana con quienes han dado décadas de trabajo y esfuerzo, por lo que urge articular una política nacional del envejeciente con presupuesto, acciones concretas y articulación institucional.

Invertir en el bienestar de nuestros mayores no es solo un acto de justicia, sino una apuesta por una sociedad más humana, solidaria y sostenible. Honrar a nuestros envejecientes con acciones y no solo con discursos es reconocer que el desarrollo de un país también se mide por cómo cuida a sus generaciones más vulnerables. Ha llegado el momento de pasar del olvido a la acción.