El Poder Ejecutivo ha emitido observaciones puntuales a las modificaciones de la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, endureciendo los plazos para transitar hacia una economía más circular en el país. Específicamente, se reduce el tiempo para la eliminación definitiva del foam en envases de alimentos y bebidas a 24 meses, y para la entrega gratuita de fundas plásticas en comercios a solo 12 meses. Estas enmiendas responden a la urgencia climática y la contaminación plástica que asfixia nuestros mares y suelos, priorizando una acción decisiva sobre la gradualidad que podría diluir el impacto ambiental.

Aunque estas restricciones aceleran el cambio, representan un desafío logístico para productores y comerciantes, exigiendo innovación rápida en materiales alternativos y cadenas de suministro. No obstante, el Ejecutivo acierta al apostar por plazos ambiciosos: en un contexto de crisis global, la República Dominicana puede liderar en sostenibilidad regional, fomentando empleo verde y protegiendo la salud pública. Es hora de que el Congreso convalide estas observaciones, convirtiendo la presión en progreso concreto.