El crecimiento exponencial de nuestro país en los últimos 28 años se evidencia notablemente en nuestras urbes, desde la creación de negocios de todo tipo hasta el levantamiento de diversas torres y edificaciones, podemos decir, que nos encontramos en la cúspide de nuestro desarrollo como país o Estado nación.
Sin embargo, todo este crecimiento y desarrollo no llega siempre acompañado de soluciones sino que al contrario, genera nuevos desafíos para las autoridades locales o gobiernos municipales, como también para el gobierno central y sus diversas instituciones. Tal es el caso, del transporte terrestre de nuestra ciudad, que desde hace más de 10 años, viene presentando estadísticas desfavorables en materia de accidentes y sobre todo de aumento del parque
vehicular.
Si tomamos en cuenta las estadísticas presentadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coloca a República Dominicana entre los primeros cinco países con la tasa más elevada de fallecimientos desde el 2000 hasta el 2019. Desde 2010, República Dominicana se encuentra en los puestos uno y dos de mortalidad por accidentes de tránsito, excepto en 2011, que ocupó el tercer lugar.
Estos números comentados, reflejaban una situación de interés público que obligó a las autoridades de ese momento a modificar la normativa referente al sistema de transporte del país con la creación de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Sin embargo, esto no fue suficiente y es que si vemos las estadísticas luego de la pandemia del Covid-19, podemos quedar atónitos, porque pudiéramos pensar que luego de la pandemia y los planes de movilidad terrestres de las autoridades presentes aplicados desde el 2021, hasta el momento, las estadísticas siguen en
aumento.
¿Cuál es la razón real de que estos siniestros sigan ocurriendo con tanta frecuencia?
Tenemos varias estadísticas que reflejan el manejo imprudente y la ingesta irresponsable de alcohol, como dos de las variables más importantes. Sin embargo, los accidentes de motocicletas son los que repuntan en las estadísticas oficiales. Lamentablemente, desde el 2021 al 2022, se registró un aumento de un 6.6% de nuestro parque vehicular con vehículos de este tipo. Es decir, en un solo año, se registraron un total de 189,114 motocicletas.
Estos números, sumados a las demás estadísticas presentadas, nos hace entender que esta problemática toca más a fondo de lo que aparenta la pérdida de vidas humanas, que ya es un hecho lamentable, pero si nos sentamos a analizar, esto quiere decir que nuestro poder judicial se encuentra abarrotado de demandas civiles y penales, por accidentes de vehículos de motor y motocicletas. Causando un verdadero tapón judicial que obliga a que nuestros tribunales busquen soluciones exprés a la cantidad exorbitante de demandas entre aseguradoras (los que tienen por lo menos un seguro de ley).
Por lo que estamos frente a un verdadero problema que no permite tomar medidas a la ligera si se quiere solucionar de manera rápida y eficiente. A primera vista, podemos deducir de las estadísticas contempladas que el factor humano es la principal causa de que existan situaciones de calamidad respecto a los siniestros por conducción temeraria en motocicletas o vehículos de motor.
Pero si ampliamos nuestro razonamiento también podemos comprender que el régimen de consecuencias actual no es completamente disuasorio, algo que se buscaba como objetivo al momento de modificar la ley y los montos pertinentes a multas por este tipo de imprudencias.
Otra de las problemáticas que arrojan estas estadísticas es el tema de la fiscalización de las infracciones cometidas, algo que para nadie es un secreto, es la dificultad de las autoridades de poder detener o fiscalizar a algunos de los infractores en tiempo real (ya sea por un tema de falta de equipos o falta de herramientas pertinentes).
Para que tengamos una idea comprobable de lo afirmado las propias estadísticas de DIGESETT, nos revelan lo siguiente, en el 2023, las infracciones fiscalizadas en total ascienden a 1,503,418 siendo las más frecuentes el no uso de casco protector por los motociclistas, con un total de 370,528 multas, irrespetar las señales del semáforo (luz roja), con un total de 147,291 y en tercer lugar la conducción con exceso de velocidad con 135,340 multas.
En cuarto lugar, tenemos la circulación sin seguro, con 114,846 multas; en el quinto lugar el transito sin licencia o licencia vencida, con un total de 113,053 multas y el no uso del cinturón de seguridad en sexto lugar, con 89,945 multas, respectivamente. Pero algo que estas estadísticas silenciosamente nos arrojan es que la fiscalización de las infracciones está muy por debajo de la cantidad de vehículos que se encuentran en el parque vehicular actual en el país, este número es de 5,838,510 unidades según estadísticas recogidas por la DGII en enero del presente año 2024.
Si desglosamos este número podemos encontrar que el 56,5% de este parque vehicular pertenece a motocicletas, es decir, que en cifras ese porcentaje se convirtió en 3,298,697 unidades que son utilizadas en diferentes rubros económicos que van desde delivery (Uber, Pedidos Ya, entre otras), mensajería, transporte de personas, etc. No podemos dejar de mencionar el uso de estos para carreras clandestinas donde muchos jóvenes han perdido la vida o han quedado en condiciones de salud paupérrimas por las lesiones adquiridas.
Si seguimos verificando las estadísticas mencionadas, el otro grupo de vehículos que se integra al parque vehicular se divide en un 18.7 % de automóviles privados, 11.7% son yipetas, 8.9% son vehículos de carga (que necesitaría otro artículo solo para hablar de las problemáticas que tienen) y un 2.14% de autobuses privados. Por lo que se deduce que la principal fuente de los siniestros en nuestro país es como claramente se menciona en los organismos internacionales, las motocicletas.
¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones para este tema?
Antes de plantear soluciones definitivas, nos gustaría mencionar el uso de una metodología bastante efectiva en razón del condicionamiento de la mente humana al momento de tomar decisiones, para esto traeremos a colación la teoría del panóptico formulada por el psicólogo y sociólogo frances Michel Foucault. Esta teoría consiste en que se puede controlar y condicionar el comportamiento de una sociedad si se inculca a sus integrantes la idea de que están siendo vigilados.
Inclusive el no saber cómo están siendo vigilados concretamente impulsa al ser humano a evitar acciones por las que podrían ser castigados. Este tipo de condicionamientos se ve hasta en las mejores democracias y ha permitido que se cambien varias conductas por parte de la ciudadanía donde se aplica. Un ejemplo de esto es Chile, quienes desde principios de los años 2000, implementó un sistema de vigilancia que permite detectar a los infractores y ser multados o detenidos según dependa el caso. Recuerdo que para unas manifestaciones generadas en Santiago de Chile, una señora se llevó unos artículos de una tienda que fue vandalizada y al cabo de unos días tuvo que devolverlos.
En nuestro caso, como país, contamos con un sistema de vigilancia por cámara que hasta el momento no ha tenido este tipo de efectividad. Pero someramente, se nos ocurre que pudiera ser complementado por nuevas tecnologías como los drones. De hecho, como solución a largo plazo, varios países se encuentran implementando el uso de estos dispositivos para distintas tareas, siendo la del transporte de bienes y servicios la más solicitada.
Pudiera parecer que este servicio será exclusivo de países con altos presupuestos, pero este no es el caso, debido a que son los países en vías de desarrollo que se encuentran implementando estas medidas en sus ciudades como una forma de abaratar los costos operacionales de los envíos y sorpresivamente trabajar el tema del tráfico en sus ciudades al reducir la cantidad de vehículos destinados a los fines del transporte.
Dentro de los continentes que se están aplicando estas tecnologías tenemos a África y el sur de Asia, países que se encuentran con problemas graves de infraestructura, enfermedades y una geografía de difícil acceso. Estas nuevas tecnologías han permitido y permitirán que personas de escasos recursos puedan acceder a medios de transporte que son más eficientes a nivel de costos.
Difícilmente el transporte de bienes y servicios de drones en el corto plazo sustituya el transporte terrestre. Sin embargo, conectamos la creación de una ruta aérea especial para que estas máquinas puedan operar sin interrumpir los vuelos convencionales de helicópteros o aviones. La parte novedosa que podemos incurrir con esto, es que los drones utilizan cámaras de seguridad para vigilar el vuelo o ruta aérea trazada.
Estas cámaras pudieran complementar el sistema de monitoreo que tenemos desde la época de creación del 911 o sistema de emergencia en el país, generando tres situaciones importantes:
- La eliminación de un porcentaje de estos deliverys en lo que la población se adapta al uso de la nueva tecnología.
- Agregar una vista panorámica aérea del tránsito vehicular de la ciudad donde se aplique, permitiendo fiscalizar en tiempo real a los infractores de las normativas de tránsito y a su vez, asistir a los miembros de la DIGESETT con los datos necesarios de donde se necesitan sus servicios también en tiempo real.
- Por último, pero no menos importante, la tecnificación y creación de nueva empleomanía basada en tecnologías de última generación que nos ayudarán a dar el siguiente paso como nación.
Quiero detenerme brevemente en este último punto para señalar que la implementación de este tipo de tecnologías en cualquier ciudad permitiría la necesidad de crear torres de control que monitoreen las rutas usadas por los RPAS o drones, esto generaría por igual nuevas fuentes de empleos para los cientos de jóvenes que se encuentran ahora mismo trabajando como controladores aéreos y que quizás por la especialidad que estamos conversando, no se tengan la cantidad de plazas requeridas para llenar estos espacios en la actualidad.
Otro punto a tener en cuenta es que en nuestro país existen instituciones públicas que se benefician bastante del uso de este sistema, siendo el INPOSDOM, IDAC, DIGESETT, JAC y el sistema de emergencia 911, los principales beneficiarios.
El INPOSDOM, tiene años tratando de renovar sus servicios y de hecho, la implementación de esta nueva tecnología le daría una ventaja atractiva y de bajo costo para sus usuarios que le permitiría competir con los servicios privados y luego generar la data para que los demás puedan aplicar el uso privado de estos servicios.
El IDAC, necesitaría modificar su reglamento del aire número 107, en lo que concierne a su artículo 107.123 numeral c, que habla sobre las excepciones que tiene el director de esta institución para otorgar permisos especiales para el uso de estas aeronaves y donde prohíbe expresamente su uso y versa que “no se dará ninguna exención de esta disposición para permitir el transporte de propiedades de otra persona mediante aeronave por compensación o paga.”
Como mencionamos, la DIGESETT se vería beneficiada del uso de este sistema y le agregaría experiencia al modelo usado en el 2020 de vigilancia de tapones en las carreteras. La Junta de Aviación Civil (JAC), generaría los permisos de uso y creación de rutas aéreas destinadas a los fines descritos y permiten generar tasas que ayudarían a una mayor recolección impositiva, siempre y cuando cuiden el mercado que se crearía y no las coloquen muy caras para ayudar a impulsar en un principio la iniciativa.
El Sistema 911 y el sistema de tránsito en general se verían beneficiados en su totalidad, debido a que la interconectividad que se pudiera generar con esta idea pudiera ayudar a localizar con mayor rapidez a los usuarios del sistema que necesite rápidamente de servicios de primeros auxilios, así como el uso de un incentivo a la población de no violar las normas de tránsito ya que la fiscalización de la misma quizá no sea inmediata pero si pudiera ser paulatina y con pruebas suficientes que no permitan que el usuario desconozca las infracciones y que usando el sistema actual, al momento de renovar la licencia se le solicitaría el pago de la multa o incluso la revocación del carnet.
Quizás no sea la última solución al tránsito terrestre pero las estadísticas que mencionamos nos dejan entrever que seguir haciendo lo mismo solo generará que la problemática se siga agravando no solo en Santo Domingo donde diariamente entran 1.7 millones de vehículos de todo tipo, sino también en todo el territorio nacional. Lo que sí traería esta propuesta es la correcta fiscalización de usuarios infractores que no pueden ser detenidos mediante el uso de una soga en un elevado de nuestra capital.
Por Cesar Polanco Reynoso