La legitimidad social está consagrada en los artículos 7 y 8 de nuestra carta magna, establece la función social del estado, no es solo mantener el orden, sino garantizar la dignidad humana y promover la justicia social.
La constitución vincula el sistema económico con la legitimidad social, relación esta que se ve pisoteada por la cámara minera y petrolera de la República Dominicana y el consejo nacional de la empresa privada, entidades estas que solo piensan en su propio desarrollo económico; mientras que el crecimiento económico que debe dirigirse a la redistribución de la riqueza, la justicia social cohesión territorial y la sostenibilidad, nunca llegan a los más desposeídos, se queda solo en la elite empresarial dominicana.
La sostenibilidad para la provincia San Juan y todo el suroeste, sin duda lo es su agua, para el consumo humano, la agricultura y generación de energía limpia a través de sus hidroeléctricas, las presas de sabaneta, palomino y sabana yegua y otras más pequeñas; garantiza la seguridad alimentaria del país, que han querido destruir con la falta de incentivos e importaciones de alimentos, por más de 30 años y aun así en pandemia el país de alimento de esta región agrícola no minera.
El día 4 de mayo del 2026 el señor presidente Luis Abinader, paralizo el proyecto romero de la empresa minera ecocida Gold Quest, haciendo uso del ejercicio real de un estado de derecho, que prioriza el interés colectivo defendido por más de 14 años por la población de la provincia de San Juan y en los últimos años por el país, protegiendo el medio ambiente y los derechos fundamentales por encima de los intereses económicos particulares.
Para sellar este ejercicio democrático ejercido por su investidura, debe ordenar al ministerio de energía y minas no renovar las 15 concesiones otorgadas a la empresa Gold Quest Mining Dominicana.
Por:
Ryan González Caraballo, M. A.
Abogado