La fiscalización rigurosa de las contribuciones públicas y privadas a los partidos políticos constituye un pilar fundamental para la integridad democrática en República Dominicana. Las aportaciones del Estado, financiadas con recursos de todos los contribuyentes, y las donaciones privadas deben someterse a auditorías oportunas, independientes y exhaustivas que impidan su uso indebido, el clientelismo o la influencia indebida de intereses particulares. Solo mediante un control efectivo se puede garantizar que el dinero político sirva al interés general y no se convierta en fuente de corrupción o desigualdad en la competencia electoral.

Igualmente prioritario es vigilar el fiel cumplimiento del 10% de la asignación pública destinado a formación política. Este recurso no puede tratarse como gasto discrecional ni como mecanismo de reparto interno; debe invertirse de manera verificable en programas de capacitación, educación cívica y formación de cuadros que eleven la calidad del debate público y fortalezcan las instituciones. La ciudadanía exige rendición de cuentas concreta sobre estos fondos: sin vigilancia estricta, la formación política se reduce a mera formalidad y se debilita el propósito democrático que justificó su establecimiento.