Desde 1998, el Estado ha entregado más de RD$28,000 millones, una cifra excesiva que supera ampliamente el promedio regional. Este subsidio masivo no ha mejorado la democracia ni la representatividad; solo ha creado burocracias costosas, dependencia del erario y escándalos recurrentes, mientras la confianza ciudadana en los partidos permanece por debajo del 25%. Eliminarlo obligaría a los partidos a financiarse con aportes privados transparentes y el apoyo real de sus militantes, aliviando la presión fiscal y alineando la política con la realidad económica del país.

Es igualmente urgente reducir los topes de gastos de campaña y fortalecer la fiscalización. Límites elevados incentivan campañas millonarias y dinero opaco. Mayor auditoría independiente, reportes en tiempo real, sanciones efectivas y vigilancia ciudadana elevarían la transparencia y la rendición de cuentas. Esta reforma —eliminar subsidios públicos, bajar gastos y aumentar control— purifica la democracia, reduce la corrupción y reconstruye la confianza ciudadana. Es una medida de austeridad responsable e impostergable.