Los partidos políticos reciben del Estado la nada despreciable suma de RD$1,620 millones en financiamiento público para el año 2026 —un incremento de 120 millones respecto al año anterior—, recursos que provienen directamente de los impuestos de todos los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de esta generosa inyección económica, la mayoría de las organizaciones políticas persisten en una alarmante carencia de formación política, técnica y profesional seria y sistemática. Las estructuras internas siguen priorizando el clientelismo, el caudillismo y la lealtad personal sobre la preparación de cuadros capaces de formular políticas públicas coherentes, debatir con profundidad o gestionar el Estado con eficiencia. Este desbalance no solo desperdicia fondos públicos, sino que perpetúa una democracia superficial, donde el dinero fluye abundantemente, pero el conocimiento y la capacidad transformadora brillan por su ausencia.

Es hora de exigir rendición de cuentas real: el financiamiento estatal no debe ser un subsidio indefinido a aparatos clientelares, sino una inversión condicionada en la profesionalización y la formación continua de sus miembros. Mientras los partidos no demuestren con transparencia que invierten una porción significativa de estos recursos en escuelas de formación, programas técnicos y desarrollo de propuestas programáticas sólidas, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar su legitimidad para recibir tales montos. En un país con necesidades urgentes en educación, salud y empleo, la persistencia de esta paradoja erosiona la confianza democrática y retrasa el progreso colectivo. La verdadera fortaleza de un partido no se mide en millones recibidos, sino en la calidad de sus ideas y en la preparación de quienes las llevan a cabo.