El auge de los accidentes de tránsito en República Dominicana sigue cobrando miles de vidas cada año, posicionándonos entre los países con mayor mortalidad vial del mundo. Aunque 2025 mostró una reducción notable —1,994 fallecidos y 104,666 lesionados, un 33% y 36% menos que en 2024—, las cifras históricas de 2,000 a 3,000 muertes anuales revelan una emergencia persistente. El exceso de velocidad, la imprudencia, el no uso de casco en motocicletas y el alcohol al volante, agravados por deficiencias en vías y fiscalización, no solo matan: destrozan familias, dejan huérfanos y viudas, y generan un dolor emocional colectivo que erosiona nuestra convivencia y esperanza.

El costo es devastador: entre 2.2% y 3.2% del PIB perdido anualmente en gastos médicos (hasta RD$700,000 por caso grave), rehabilitación, pérdida de productividad y daños materiales. Sobrecarga el sistema de salud, perpetúa pobreza y elimina proveedores principales, mayoritariamente jóvenes. Estas tragedias no son inevitables. Exigimos al Estado educación vial obligatoria, aplicación estricta de normas, inspecciones vehiculares y campañas masivas; y a cada ciudadano, responsabilidad al volante. Solo así convertiremos esta crisis en una República Dominicana más segura, humana y próspera.