En la República Dominicana, donde los recursos públicos han sido históricamente vulnerables a la malversación y el clientelismo, promover la veeduría social se convierte en una herramienta esencial de prevención y control ciudadano. Cuando la sociedad organizada —ciudadanos, asociaciones, medios y academia— vigila de cerca el uso del dinero del pueblo, se reduce el espacio para el abuso, se obliga a la transparencia y se fortalece la rendición de cuentas. La veeduría no es un lujo democrático: es la forma más efectiva y barata de fiscalizar sin depender exclusivamente de instituciones que, a veces, fallan por falta de independencia o recursos.

Fomentar esta participación activa no solo previene desvíos millonarios, sino que reconstruye la confianza en el Estado y empodera al ciudadano como verdadero dueño del erario. En un país que aspira a mayor desarrollo y justicia, la veeduría social debe pasar de ser una iniciativa aislada a un pilar institucional permanente: con acceso real a la información, protección a los vigilantes y mecanismos que conviertan las alertas en acciones concretas. Solo así el dinero público dejará de ser botín privado y volverá a servir al bien común.