En la República Dominicana, los crímenes contra niños, niñas y adolescentes representan una herida profunda en el tejido social, especialmente cuando los agresores son familiares directos, como padres, padrastros o parientes cercanos. Según datos de UNICEF y la Procuraduría General de la República, la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren en el hogar, un espacio que debería ser de protección absoluta, pero que se convierte en escenario de traición y trauma irreparable. Estas violaciones, a menudo encubiertas por el silencio familiar y el estigma social, dejan secuelas psicológicas permanentes en las víctimas, perpetuando ciclos de violencia y desigualdad que afectan generaciones enteras.

Esta realidad demanda una atención especial y urgente por parte del Estado dominicano y de toda la sociedad. Es imperativo fortalecer las políticas de prevención, como la educación en crianza positiva y la detección temprana en escuelas y comunidades, junto con un sistema judicial más eficiente que sancione sin dilaciones estos delitos. Solo mediante una respuesta colectiva —con mayor inversión en CONANI, campañas de sensibilización y apoyo integral a las víctimas— podremos romper el tabú y garantizar que ningún niño crezca bajo la sombra del miedo en su propio hogar. La infancia merece ser protegida, no vulnerada.