En la República Dominicana, las leyes son meros adornos en el papel, ignoradas con impunidad por el Estado y la sociedad. Y en las calles, la ciudadanía, cómplice silenciosa, transgrede normas cotidianas —desde el caos vial hasta el incumplimiento ambiental— porque nadie ve caer el mazo de la justicia. Esta anarquía colectiva erosiona la confianza en nuestras instituciones, convirtiendo la Constitución en un eco vacío y la democracia en un simulacro frágil.

¡Basta de indulgencia! Es imperativo instaurar un régimen de consecuencias implacable: auditorías independientes con sanciones drásticas para el poder público, campañas masivas de educación cívica y tribunales ágiles que premien la obediencia y castiguen la transgresión. Solo así, honrando el nuevo Código Penal de 2025 1 , forjaremos una nación donde la ley no sea opcional, sino el pulso de nuestra soberanía. El cambio no espera: exijámoslo hoy, o mañana seremos testigos de nuestro propio colapso.