En la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, es fundamental distinguir entre denunciar y enjuiciar, dos acciones complementarias pero distintas en el proceso de combatir este flagelo. Denunciar implica señalar públicamente o ante las autoridades un acto de corrupción, como el mal uso de fondos públicos o el abuso de poder, con el objetivo de visibilizar el problema y exigir una investigación. Es un acto inicial, accesible a ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación, que no requiere pruebas concluyentes, pero sí valentía y compromiso cívico. En un país donde la corrupción ha sido históricamente un desafío, las denuncias son esenciales para presionar a las instituciones y fomentar la transparencia, aunque muchas veces se enfrentan a obstáculos como el temor a represalias o la falta de seguimiento por parte de las autoridades.

Por otro lado, enjuiciar es un proceso formal y judicial que busca establecer responsabilidades legales y sancionar a los culpables. En la República Dominicana, enjuiciar implica que las instituciones, como el Ministerio Público, presenten pruebas sólidas ante los tribunales para lograr condenas contra los corruptos. Este paso es más complejo, ya que depende de la capacidad investigativa, la independencia judicial y la voluntad política para llevar casos hasta sus últimas consecuencias. Aunque en los últimos años se han visto avances, como casos emblemáticos que han llegado a los tribunales, la percepción de impunidad persiste cuando los procesos no culminan en sentencias firmes o se ven obstaculizados por influencias políticas. Mientras denunciar enciende la chispa de la justicia, enjuiciar es el mecanismo que debe garantizar que los corruptos enfrenten consecuencias reales, fortaleciendo así la confianza en el sistema.