La reciente propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, introducida por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, ha generado un intenso debate en la sociedad dominicana. Mientras algunos sectores, como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), respaldan la iniciativa por considerar que moderniza el marco legal vigente desde 1962 y consagra principios fundamentales como la libertad de expresión sin censura previa y el acceso universal a internet, otros expresan preocupaciones sobre posibles restricciones a derechos fundamentales.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha manifestado su rechazo al proyecto, argumentando que varios de sus artículos contradicen disposiciones establecidas en la Constitución y podrían representar una amenaza a la libertad de prensa. Además, figuras políticas y organizaciones de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), que, según críticos, podría ejercer funciones sancionadoras sin la debida intervención judicial

Es esencial que el Congreso Nacional abra espacios de diálogo inclusivo, permitiendo la participación de todos los sectores involucrados, incluidos medios digitales y plataformas emergentes, que han sido fundamentales en la democratización de la información. La libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia, y cualquier legislación que la regule debe ser fruto de un consenso amplio y transparente, garantizando que no se convierta en un instrumento de censura o control ideológico.

En este momento crucial, la sociedad dominicana debe mantenerse vigilante y comprometida con la defensa de sus derechos fundamentales. La aprobación de una ley que equilibre la protección de la libertad de expresión con la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación es posible, siempre y cuando se base en principios democráticos y en el respeto a la diversidad de voces que enriquecen nuestro país.