La creciente llegada de haitianos a la República Dominicana de manera irregular ha generado un debate urgente sobre la capacidad de nuestro país para gestionar esta situación. Con el aumento del flujo migratorio, nuestros servicios públicos de salud y educación están siendo presionados al límite, lo que dificulta el acceso de los dominicanos a recursos esenciales. La saturación de estos servicios no solo afecta a quienes necesitan atención urgente, sino que también pone en riesgo la calidad de la educación que nuestros niños merecen, creando un escenario insostenible que podría tener repercusiones profundas en el futuro de nuestra sociedad.

Además, la creciente presencia de haitianos en el mercado laboral está provocando un desplazamiento de los dominicanos en diversas industrias. Muchos trabajadores nacionales enfrentan la difícil realidad de una competencia desleal, donde la mano de obra haitiana, muchas veces dispuesta a aceptar salarios más bajos, desplaza a los locales. Esta situación no solo afecta la economía familiar de los dominicanos, sino que también genera tensiones sociales que pueden derivar en conflictos y descontento en la población. Es crucial que se tomen medidas para proteger los derechos laborales de nuestros ciudadanos y garantizar que tengan acceso a oportunidades laborales justas.

Es momento de actuar y exigir políticas migratorias que sean justas y que consideren las necesidades tanto de los migrantes como de los dominicanos. La identidad nacional y la cohesión social están en juego, y es responsabilidad de todos abogar por un enfoque equilibrado que respete la dignidad de las personas mientras se protege el bienestar de nuestra nación. Hacemos un llamado a las autoridades, a la sociedad civil y a cada dominicano a involucrarse en este debate, a buscar soluciones sostenibles y a garantizar un futuro donde todos los dominicanos podamos convivir en paz y armonía.